Más irregularidades. El abogado Gonzalo Boye ha denunciado las actuaciones de la Fiscalía en la investigación a la presidenta suspendida del Parlament, Laura Borràs, en la segunda sesión del juicio contra ella y dos acusados más por su gestión como directora de la Institución de las Letras Catalanas (ILC) del 2013 en el 2017, este martes en la sala del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). Boye ha asegurado que se sienten "indefensos" por los cambios añadidos por la Fiscalía en el escrito de acusación "cinco años después". También ha denunciado que la Fiscalía realizó unos requerimientos en el 2021, cuando la causa ya estaba judicializada y no es permitido por ley y que se expulse como prueba. "Es muy grave y da mucho miedo como ciudadano como funciona la Administración de Justicia", ha declarado el penalista. El tribunal -formado por los magistrados Jesús Maria Barrientos, que será el ponente, Fernando Lacaba y María Jesús Manzano- ha denegado la suspensión de la vista, a pesar de que ha añadido que resolverá las cuestiones de vulneraciones de derechos en la siguiente sesión. Además, el tribunal ha permitido a Laura Borràs declarar al final.
La Fiscalía pide 6 años de prisión y 21 de inhabilitación a cargo público para Borràs y al informático y amigo suyo, Isaías Herrero, a quien encargó la actuación de la web de la Institución, que se considera delictiva por haberla concedido a dedo, sin concurso, y fraccionado en 18 contratos, que suman 309.000 euros. Y para Andreu Pujol, que presentó un presupuesto y se lo dio a Herrero, 3 años de prisión.
Pacto con la Fiscalía
En la primera sesión, Isabel Elbal, que también está en el equipo de defensa de Borràs, denunció que Herrero había pactado con la Fiscalía un acuerdo para autoinculparse y acusar Borràs que ella va le ordenó hacer los presupuestos, a cambio de una rebaja de la petición de la pena.
La declaración de los acusados
El próximo lunes declararán dos de los tres acusados, en una fórmula no habitual. En la sesión de este martes, el presidente del tribunal, Jesús Maria Barrientos, ha preguntado a las partes sobre posicionamiento. La fiscal Assumpta Pujol se ha negado que Borràs declare al final de la vista porque su petición “no es para aclarar la verdad”. Por su parte, Marina Roig, ha expuesto que su cliente Isaías Herrero quiere declarar el primer día del juicio y que no se opone que Borràs declare al final. Àlex Solà, abogado de Andreu Pujol, tampoco se ha opuesto. El tribunal, después de deliberar en la misma sala, ha aceptado que Borràs declare después que lo hagan acusados, testigos y peritos.
Pruebas aprobadas y descartadas
En la sesión, el tribunal también ha informado de algunas pruebas que ha admitido y otras de rechazadas. En concreto, el TSJC ha aceptado la petición de la Fiscalía que declaren como peritos cuatro agentes de los Mossos que registraron el piso de Herrero y clonaron los correos electrónicos incriminatorios. El magistrado Barrientos ha afirmado que “la acusación quedaría en desequilibrio”, si los agentes no pudieran ser interrogados sobre la cadena de custodia, que la defensa de Borràs sostiene que no se ha respetado. En cuanto a las investigaciones de la Fiscalía, Boye ha insistido que hay que sacarlas del procedimiento, a pesar de que son “inocuas por inútiles y pertinentes”.
El exconseller Puig, descartado
El presidente del TSJC también ha vuelto a descartar que el ex consejero Lluís Puig declare como testigo porque considera que ya hay otros testigos, otros consejeros de Cultura, como por ejemplo Ferran Mascarell y Santi Vila, que pueden ilustrar en la sala. Así, lunes, 20 de febrero, se retoma el juicio.