El juez Pablo Lucas autorizó las escuchas con Pegasus contra el abogado Gonzalo Boye, responsable de la defensa de Carles Puigdemont y el resto de políticos exiliados, al mismo tiempo que actuó en su condición de magistrado del Supremo en diferentes procedimientos y sentencias que afectaban a los políticos que defiende este abogado. Esto ha situado al juez como uno de los objetivos principales de la estrategia de defensa de Boye, que denuncia que el juez les estaba escuchando mientras actuaba contra sus clientes en diferentes procedimientos. Por esta razón, presentarán una querella contra Lucas ante el Tribunal Supremo, pedirá la nulidad de las sentencias en que participó actuando contra sus clientes como juez y la aplicación de la doctrina Garzón —el juez Baltasar Garzón fue inhabilitado por haber ordenado grabaciones de conversaciones entre presos y abogados del caso Gürtel—. Asimismo, estas denuncias se incorporarán a todos los procedimientos que tienen abiertos los políticos independentistas en Luxemburgo ante el TGUE y el TJUE.

Lucas es el responsable de las autorizaciones en el Supremo de las actividades del CNI desde el 2009. Según el despacho de Boye, han sufrido escuchas del CNI desde el 2019 y, en concreto con Pegasus, desde el 2020. Todas ellas tuvieron que ser autorizadas por Lucas, que en aquel mismo momento participaba en procedimientos contra los políticos exiliados. Desde el despacho del abogado, se está trabajando en una recopilación de todas las causas en que se ha visto implicado.

Por ejemplo, en junio del 2020 este juez fue ponente, como magistrado de la sección cuarta del Contencioso Administrativo, de la sentencia en que se rechazó un recurso presentado por Puigdemont y el también eurodiputado Toni Comín contra la decisión de la Junta Electoral Central que los obligaba a acatar la Constitución en Madrid para poder tomar posesión del escaño como eurodiputados. El Supremo apoyó la sentencia en que Lucas aparece como ponente la decisión de la JEC. Puigdemont y Comín tardaron seis meses en poder asumir su escaño.

La estrategia de Boye se basará en pedir la nulidad de todos estos procedimientos en que aparece el juez y exigirá la aplicación de la denominada doctrina Garzón, en referencia a la sentencia que en febrero del 2012 condenó al juez Baltasar Garzón a 11 años de inhabilitación para el cargo de juez o magistrado por haber ordenado grabar conversaciones de algunos de los presos encausados por el caso Gürtel con sus abogados.

Asimismo, se denunciarán estos hechos en todos los procedimientos que se mantienen abiertos por los políticos exiliados ante el Tribunal General y el Tribunal de Justicia de la UE.

El pasado 18 de abril, Citizen Lab hizo pública una investigación según la cual un mínimo de 65 personas vinculadas al independentismo habían sido espiadas con Pegasus. Diez días más tarde, la directora del CNI admitió ante la comisión de secretos oficiales, que se había espiado a 18 personas relacionadas con el movimiento catalán, posteriormente se confirmó que una de estas personas era el abogado Gonzalo Boye.