El toma y daca entre el Tribunal de Cuentas y el abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha tenido hoy un nuevo capítulo con un nuevo escrito del letrado ante este órgano fiscalizador. La razón es la denuncia de Boye por ocultación de información en el caso contra los 34 exmiembros del Govern a los cuales se reclama 5,4 millones de euros en fianzas. Esta vez, además, el abogado ha dedicado un contundente toque de atención a la delegada instructora del caso Esperanza García.
El origen de este nuevo escrito está en uno anterior presentado ayer donde el abogado reclamó a la instructora los votos concurrentes con que dos de los consejeros del Tribunal de Cuentas denunciaban irregularidades en el procedimiento que se sigue por la política exterior de la Generalitat entre los años 2011 y 2017. La existencia de estos votos concurrentes, que se habrían presentado en el 2019 durante la instrucción del caso, se supo el pasado 2 de julio a través de una información del digital Infolibre.
"Alguna cosa"
No obstante, la respuesta que ha recibido hoy mismo Boye por parte del Tribunal de Cuentas no sólo no ha respondido a las cuestiones que planteaba sino que ha suscitado nuevas y más graves. El abogado explica en su nuevo escrito que hoy se le ha notificado "alguna cosa (en forma de escrito o epístola)" donde la delegada instructora asegura que ya ha hecho llegar a todas las partes la información que se le remitió y que componían las actuaciones llevadas a cabo en este procedimiento.
La instructora asegura en su respuesta que "desconoce la existencia de la documentación" que se le solicita y que, por lo tanto, advierte que el abogado "tendrá que hacer esta petición al órgano correspondiente de este tribunal".
"¿Órgano correspondiente?"
Ante esta respuesta Boye ha preguntado si hay más actuaciones dentro del caso, aparte de las que han conocido hasta ahora tanto las partes como la misma delegada instructora; y reclama saber cuál sería "el órgano correspondiente" que habría "escondido" los votos recurrentes conocidos a través d'Infolibre
Asimismo, ha preguntado a la instructora delegada si es "práctica habitual" del Tribunal de Cuentas iniciar procedimientos e incluso embargos por cuantías de millones de euros sin disponer la propia delegada instructora del total de las actuaciones que formarían parte del procedimiento. "¿De qué manera considera la delegada instructora que tan grave omisión afecta al derecho de defensa del mi representado y otros afectados por su actuación?", interroga.
El abogado ha pedido a la delegada instructora que le indique si todas las resoluciones y actuaciones que ha ido adoptando hasta ahora en el procedimiento las ha tomado "teniendo en consideración sólo la documentación que dice que le ha sido remitida y que, por sus propias afirmaciones, no sería completa sino parcial".
En la imagen principal, el abogado Gonzalo Boye / Efe