Aplazamiento clave. Gonzalo Boye, abogado de Josep Lluís Alay, ha pedido al magistrado Manuel García-Castellón que aplace las declaraciones de los investigados de Tsunami Democràtic, que programó para el 22 de mayo, porque este día tiene un juicio que estaba señalado antes. El juez de la Audiencia Nacional no tendría que poner ninguna pega para cambiar la fecha de los interrogatorios porque es habitual hacerlo si una de las partes lo solicita, y en este caso es un abogado defensor que no puede asistir a los interrogatorios de los encausados. Los 10 investigados por terrorismo en la Audiencia Nacional ganan tiempo con este aplazamiento porque la aprobación definitiva de la ley de amnistía en el Congreso de los Diputados, prevista para el 30 de mayo, ya entra en una cuenta atrás. Todos los abogados defensores aseguran que la ley de amnistía tendría que hacer archivar el caso Tsunami porque está dentro de las causas del Procés. La decisión final es del juez.
El titular del juzgado central de instrucción 6 de la Audiencia Nacional ha sido criticado por los partidos y entidades independentistas por querer torpedear acuerdos entre el PSOE con Junts y ERC para salir adelante la ley del olvido penal de todas las causas del Procés. La primera acción cuestionada es que después de tener la causa de Tsunami dormida desde el 2019, acordó el 6 de noviembre de 2023 imputar a 12 personas por el delito de terrorismo, entre los cuales incluyó al president en el exilio Carles Puigdemont y la secretaria general de ERC, Marta Rovira.
Declaraciones por videoconferencia
La Fiscalía se ha opuesto a calificar las movilizaciones de Tsunami como terrorismo, y considera que como mucho hay desórdenes públicos. Las acusaciones populares de Vox, Dignidad y Justicia y Sociedad Civil Catalana han ayudado el magistrado a tirar adelante la causa por terrorismo, pero también el Tribunal Supremo, que ha aceptado investigar Puigdemont y Ruben Wagensberg, que ha revalidado su escaño, por su aforo, por terrorismo en la causa de Tsunami.
Precisamente, la magistrada instructora del Supremo Susana Polo, a principios de abril, propuso a Puigdemont y Wagensberg de declarar de forma voluntaria y por videoconferencia la semana del 17 de junio, al constatar que están en el extranjero. Una decisión que ha enfadado a las acusaciones particulares. La fecha no es aleatoria: la ley de amnistía tendría que estar ya en vigor, y, por tanto, la magistrada tiene que evaluar si archiva el caso Tsunami. Y, a la vez, el president Puigdemont ya no tendrá la protección de la cámara europea porque tendrá que asumir el acta en el Parlament.
Por su parte, el juez García-Castellón ha copiado parcialmente a la magistrada Polo y permite a los 10 encausados de Tsunami que declaren por videoconferencia, pero desde un juzgado de Barcelona. Al menos cuatro encausados de Tsunami están en Suiza para evitar esta imputación que consideran política y sin fundamentos.