Reclamo urgente. La defensa de Laura Borràs, ejercida por el penalista Gonzalo Boye, ha pedido este jueves al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que en el juicio que afronta a partir de este viernes por su gestión a la Institución de las Letras Catalanas (ILC) pueda intervenir en último lugar para garantizar su derecho de defensa. Boye hace este reclamo después de que se difundiera que el informático y amigo de Borràs, Isaías Herrero, a quien adjudicó la actualización de la web de la Institución, habría llegado a un acuerdo con la Fiscalía para confesar y acusar a la presidenta en funciones del Parlament que le ordenó el fraccionamiento de los contratos, a cambio de una rebaja de la petición de la pena, y no entrar a la prisión si es condenado. Boye denuncia que los otros dos acusados del caso han sido "compensados, bonificados o pagados".
Boye avanza así una de las cuestiones previas, que centrarán la sesión de este viernes en el juicio contra Borràs, Herrero y Andreu Pujol. La Fiscalía pide para Borràs y Herrero 6 años de prisión y 21 de inhabilitación a cargo público por los delitos de falsedad documental y de prevaricación. La declaración de los acusados se ha programado por el 20 de febrero, y el acuerdo entre las dos fiscales del caso y la defensa de Herrero es que se inculpe y que detalle que fraccionó en 18 facturas los contratos, que suman 309.000 euros, para mejorar la web de la Institución, siguiendo las indicaciones de la presidenta suspendida del Parlament, como recogen unos correos electrónicos, intervenidos por los Mossos y que la defensa considera nulos.
"Única defensa"
En el escrito, al cual ha tenido acceso ElNacional.cat, Boye afirma que a través de diferentes medios de comunicación “ha tenido conocimiento del acuerdo llegado entre el ministerio público y las defensas de Isaías Herrero y Andreu Pujol con el fin de incriminar a mi representada tratando así de salvar la ausencia de prueba y la nulidad de las actuaciones”. Inicialmente, el pacto que ha trascendido es entre la Fiscalía y Herrero, defendido por Mariona Roig. Pujol, amigo de Herrero, es acusado de presentar un presupuesto a la ILC, pero no interactuó con Borràs ni tiene ninguna prueba contra ella. Para Pujol, defendido por Àlex Solà, la Fiscalía pide 3 años de prisión.
Acusaciones "bonificadas y pagadas"
El penalista expone que “la única forma de garantizar el derecho de defensa de Borràs pasa porque, en las cuestiones previas, como a lo largo del plenario intervenga siempre en último lugar” porque, según sostiene, “en términos reales es la única defensa al estar acusada por las otras partes”. Boye manifiesta que “ante este nuevo escenario procesal en el cual los coacusados modificaron sus planteamientos de defensa hasta ahora existentes”, entiende que como defensor de Borràs tiene que intervenir desde la última posición o turno para así “defenderse de unas acusaciones evidentemente compensadas, bonificadas o pagadas, como serán las que se realizarán”.
Por todo esto, el abogado pide al tribunal, presidido por el magistrado Jesús María Barrientos, que le garantice el derecho de defensa y le permita intervenir en último lugar durante todo el juicio, tanto en las cuestiones previas como en los interrogatorios. Habitualmente, siempre interviene primero la Fiscalía, las acusaciones y después las defensas. En el caso de los interrogatorios de los acusados, siempre pregunta el último el abogado de quien declara.