El Tribunal General de la UE (TGUE) ha celebrado hoy la vista del recurso que presentaron los eurodiputados Carles Puigdemont y Toni Comín contra la decisión del Parlamento Europeo, bajo la presidencia de Antonio Tajani, de impedirles tomar posesión de sus escaños después de haber ganado las elecciones europeas en Catalunya. El Parlamento Europeo ha argumentado que la situación fue difícil y la abogada del Estado ante la UE ha considerado que ya se han reparado los daños, por lo cual ha pedido la desestimación del caso. Por el contrario, el abogado de los políticos independentistas ha denunciado que la decisión de Tajani fue por interés político y reclama reparación. Puigdemont y Comín no han estado presentes en la vista. 

Boye, que ha subrayado que las preguntas que se han planteado durante la vista han demostrado que los jueces conocen el caso con precisión, ha advertido que no hay una explicación jurídica para la decisión de Tajani, el partido del cual, Forza Italia, comparte grupo en la Eurocámara con el PP. "Cuando no hay una explicación jurídica, sólo la puede haber política, y la interconexión entre Tajani y sus asociados y camaradas en España fue clara", ha reprochado.

Al ser interrogado sobre si la ratificación de los escaños de Puigdemont y Comín por parte del TGUE puede tener algún efecto sobre los temas pendientes que los dos políticos catalanes mantienen en Luxemburgo, entre los cuales destaca el pronunciamiento sobre su inmunidad, Boye ha sentenciado: "Efecto dominó".

 

Medio año para tomar posesión

En mayo de 2019 Tajani se negó a reconocer la condición de diputados de los dos políticos independentistas exiliados y no se les permitió acceder a la cámara como al resto de los diputados electos. Dado que el tribunal de Luxemburgo no aceptó las medidas cautelares que se solicitaron, tampoco pudieron participar en la sesión constitutiva del Parlamento que se celebró el 2 de julio, aunque había anunciado que asistirían y el independentismo había organizado una manifestación de apoyo a las puertas de la cámara. Finalmente, sin embargo, Puigdemont y Comín no atravesaron la frontera para evitar ser detenidos y se quedaron a ocho kilómetros de Estrasburgo.

Los dos políticos independentistas no consiguieron que se les reconociera la condición de diputados hasta que el Tribunal de Justicia de la UE sentenció el 19 de diciembre que Oriol Junqueras, que encabezó la candidatura de ERC, tenía inmunidad desde el mismo momento en que fue proclamado electo de la Eurocámara y tendría que haber salido de la prisión, en la que se encontraba de manera preventiva mientras el Supremo se pronunciaba sobre el juicio al procés, para ir a Bruselas a tomar posesión del escaño. Al día siguiente de aquella sentencia, Puigdemont y Comín se presentaron en el Parlamento para recoger sus acreditaciones provisionales. El 13 de enero del 2020 los dos eurodiputados tomaron posesión de sus escaños en el pleno de la Eurocámara.

Anular las instrucciones de Tajani

Los eurodiputados pedían en su recurso que se anulen las instrucciones que les impidieron tomar posesión del escaño y las decisiones de Tajani negándose a tomar nota de los resultados de las elecciones, así como la declaración en que dejaba vacantes los escaños, y la negativa a permitir que tomaran posesión de los escaños, entre otros.

Durante la vista que se ha celebrado esta mañana, el Parlamento ha admitido que la Eurocámara se ha encontrado en una "situación difícil" con la reclamación de Puigdemont y Comín sobre sus escaños. El letrado de la Eurocámara Niklas Göerlit ha insistido que no aparecían en la lista que envió la Junta Electoral Central con los nombres de los eurodiputados españoles que habían completado los trámites.

Más allá de la sentencia que acabe dictando el TGUE sobre este caso, el Tribunal de Luxemburgo tiene que fijar todavía la fecha de las vistas pendientes de los eurodiputados de Junts contra la decisión de la cámara de retirarle la inmunidad y la cuestión prejudicial que presentó el juez instructor Pablo Llarena planteó al TJUE para conocer las razones por las cuales un país de la UE puede rechazar una euroorden.

 

En la imagen principal, el abogado Gonzalo Boye antes de empezar la vista / ACN