El president en el exilio Carles Puigdemont podrá volver a Catalunya "mucho antes de lo que la gente se piensa". Así lo ha asegurado su abogado Gonzalo Boye cuando solamente falta un día para la vista a Luxemburgo sobre los prejudiciales del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena. El letrado cree, de hecho, que la causa judicial para extraditar al líder de Junts per Catalunya "quedará resuelta en los próximos meses". Ahora bien, ha evitado pronosticar si eso quiere decir que Puigdemont podrá volver a pisar el Estado español a finales de este año. De todos modos, Boye ha asegurado que él y el presidente en el exilio lindan con "tranquilidad" la audiencia judicial que empieza este martes delante del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que tendrá el objetivo de examinar las preguntas prejudiciales hechas por el Tribunal Supremo.
En una entrevista en la ACN, el abogado de Carles Puigdemont ha cargado duramente contra el juez Pablo Llarena, ya que el magistrado "no quiere asumir que la causa contra los exiliados está llena de errores". Es por todo eso que Boye alerta de que la justicia española se pondrá a prueba en Luxemburgo, y que allí se demostrará "si las euroórdenes se rigen por los derechos fundamentales" o si se trata meramente de una persecución política a los líderes del independentismo. Se espera que la Comisión Europea aporte su opinión sobre cómo se tiene que interpretar la decisión que regula el sistema europeo de extradición con respecto al análisis de los derechos fundamentales, una de las preguntas principales del juez Llarena. "La CE no está muy cómoda porque está navegando entre dos aguas, entre el derecho de la Unión y satisfacer los intereses del estado español", opina Boye, que anticipa una posición poco favorable e "incoherente" del ejecutivo comunitario.
La intención de España en este procedimiento es conseguir que Carles Puigdemont pueda volver al Estado español para ser juzgado. Quieren que se le extradite por los hechos del referéndum del 1-O, hasta finales del 2017, cuando se exilió en Bélgica. Después de un par de intentos fallidos, el Tribunal Supremo reactivó las euroórdenes contra él y los exconsellers Toni Comín, Clara Ponsatí y Lluís Puig en otoño del 2019, una vez ya había sentencia contra sus compañeros de gobierno. También contra la secretaria general de ERC, Marta Rovira.
El martes a las nueve de la mañana, la sala grande del TJUE, formada por quince jueces y un abogado general, escuchará las posiciones de las partes y las interrogará. Aparte de la defensa de los exiliados, del Estado español, del belga y Vox como acusación particular, Polonia y Rumania también se han personado al caso y defenderán la posición española. El magistrado del Supremo envió al TJUE hasta siete preguntas prejudiciales donde cuestiona que Bélgica rechazara la extradición de Puig porque veía un riesgo de vulneración de los derechos fundamentales. En concreto, del derecho a un juicio justo y a la presunción de inocencia.