Retire la detención de la exconsellera en el exilio Clara Ponsatí en el Estado español, aunque solo sea para tomarle declaración, e informe al Parlamento Europeo de que desiste del suplicatorio, cursado en el 2020, para poder detenerla. Son las dos reclamaciones que ha hecho el abogado Gonzalo Boye al magistrado Pablo Llarena, en el escrito de reforma contra el auto, en el cual actualiza el procesamiento del presidente Carles Puigdemont y los exconsellers en el exilio, y que hizo pública el 12 de enero pasado, justo el mismo día de la entrada en vigor de la reforma del Código Penal, en el cual desaparece el delito de sedición. El juez Llarena ha retirado el procesamiento por sedición a todos los políticos al exilio y en el caso de Ponsatí, solo la acusa de un delito de desobediencia, que no implica prisión, sino inhabilitación de cargo público hasta 20 meses. Con respecto al presidente Puigdemont y a los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig les imputa el delito de malversación por el 1-O.
En el recurso de reforma, al cual ha tenido acceso ElNacional.cat, Boye afirma que Clara Ponsatí "quiere dejar claro que ella no ha cometido ningún delito" y que los hechos que se relatan en este procedimiento sobre lo que hizo el Govern el otoño del 2017 son "simplemente actos políticos indebidamente cirminalitzats". Ponsatí también adelanta que comparte las alegaciones que presentarán Puigdemont y Comín. En el caso de los dos, como de Lluís Puig (que ha cambiado de abogado y ahora lo representa Miquel Sàmper), el juez Llarena asegura que no se les puede aplicar la malversación atenuada, que ERC arrancó al gobierno del PSOE a última hora; sino que les imputa el delito agravado de malversación, que puede llegar a los 12 años de prisión en el caso de Puigdemont porque se le acusa de todo el gasto del 1-O, cifrada en 5,3 millones de euros por el juzgado de instrucción 13 de Barcelona. En el caso de Comín y Puig no se les aplicarían la malversación más agravada, ya que el gasto que se les imputa no supera los 250.000 euros. Se les acusa de haber aprobado una de las cinco facturas para pagar las cartas censales a Unipost, que en global suman 1 millón de euros.
Desobediencia, prescrita
En el escrito, Boye reclama a Llarena que retire la orden de detención de Ponsatí en el Estado español porque ni siquiera se la ha citado formalmente para que se presente en el juzgado para tomarle declaración, ni tampoco ha intentado una medida "menos gravosa". Y, además, le recuerda que la exconsellera de Cultura es eurodiputada y, por lo tanto, requiere el permiso del Parlamento Europeo, es decir, la petición de un suplicatorio a la cámara catalana, para poder hacerlo. En su resolución, el juez del Tribunal Supremo indica que espera a dictar nuevas euroórdenes de detención de Puigdemont, Comín y Puig a la espera de la respuesta de los tribunales europeos. La situación de Ponsatí es similar a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, exiliada en Suiza. Ahora, el juez Llarena solo la acusa de desobediencia y ordena su detención si pisa el Estado español, "solo a los efectos de tomarle declaración".
Además, el penalista afirma que Ponsatí "nunca" fue procesada por el delito de desobediencia, según consta en el auto del 21 de marzo de 2018. Por eso, Boye afirma que Llarena incurrir en una "serie de ilegalidades" y "acuerda ilegalmente su detención". Además, el abogado indica que el delito de desobediencia está prescrito, ya que han pasado más 5 años de los hechos (en concreto, indica 5 años y 4 meses), que es el plazo en estos delitos leves. La última actuación hacia el delito de desobediencia, según precisa, fue la retirada de la primera orden europea de dentición, el 5 de diciembre de 2017, y en las otras euroórdenes, solo incluyó, el delito de sedición.
Por todo eso, pide al juez que deje sin efecto el orden nacional de detención de Clara Ponsatí a los cuerpos y fuerzas de seguridad para evitar la detención "ilegal" de Ponsatí y que "sin dilaciones, ponga en conocimiento del Parlamento Europeo que se desiste del suplicatorio" realizado en el auto de 4 de febrero de 2020, de la cual pide que también se deje sin efecto.