Los fiscales Cristina López y Ángel Bodoque han empezado a exponer sus informes finales del caso de la operación Mito, y han pedido la condena para las 53 personas físicas y jurídicas procesadas, en una nueva sesión del juicio en la Audiencia Nacional, este martes. Han asegurado que esta investigación "no es una causa general", que se investigan hechos de 2014 en el 2018 y que José Ramón Prado Bugallo, conocido por Sito Miñanco, era el líder de esta organización, dedicada al tráfico de drogas y el blanqueo de capitales. Antes, la defensa de Gonzalo Boye ha modificado sus conclusiones y ha pedido la nulidad de las actuaciones en la pieza abierta contra él (la número 7 sobre el registro de su teléfono y correo electrónico) por vulneración de derechos fundamentales.

El abogado Eduardo García Peña ha anunciado este cambio porque sostiene que durante el juicio ha quedado acreditado que durante la entrada y registro del despacho profesional del abogado de Carles Puigdemont, en octubre de 2019, le fueron confiscados documentos de su estrategia de defensa y, por lo tanto, se habrían vulnerado sus derechos fundamentales. El abogado expondrá las pruebas y razonamientos jurídicos en su informe, previsto para la próxima semana.

Boye indignado

En concreto, agentes de la policía española admitieron en el juicio que habían cogido un lápiz de memoria de Boye, en el cual hay un documento, a doble columna, con la incriminación que le hizo Manuel Puentes Saavedra, y las pruebas para contradecirlo, además de jurisprudencia. En su declaración ante el tribunal, este lunes, Gonzalo Boye, indignado, se defendió y aseguró que su actuación  fue exclusivamente profesional.

"No es una causa general"

En la vista, la fiscal Cristina López ha iniciado el informe final del Ministerio Público y ha asegurado que la investigación "no fue prospectiva", "ni es una causa general", ni "vulneró derechos fundamentales", con las escuchas hechas en los coches, en viviendas y una nave.

La fiscal ha detallado que la investigación se inició en el 2016 y que José Ramón Prado Bugallo, conocido como Sito Miñanco, "era el máximo responsable de la organización, gestionaba la droga, el dinero y la logística. Nadie hacía nada sin su conocimiento", ha manifestado la fiscal López.  Ha añadido que "le decían jefe, y míster y que no le gusta porque le puede subir más años más la pena."

 

Del tráfico de drogas, la fiscal los hace responsables, a la mayoría, por la entrada de unos 3.300 kilos de cocaína en el barco Thoran, de Colombia al Estado español, y también de un contenedor de Holanda. La fiscal ha asegurado que Prado Bugallo "aprovecha permisos penitenciarios", como octubre de 2017, ya que está en segundo grado por una condena de tráfico de drogas, para "controlar" la llegada de la droga. La fiscal también ha pedido al tribunal que "no acepte aplicar las dilaciones indebidas" a los acusados por la gravedad de los delitos, en su informe que ha durado más de dos horas.

 

"Operación jurídica mendaz"

Por su parte, el fiscal Ángel Bodoque se ha centrado en la pieza del blanqueo de capitales procedente del narcotráfico, del cual ha asegurado que es un delito difícil de demostrar, sin embargo, como marca la jurisprudencia,  ha indicado que hay que mirar los antecedentes de los acusados, y Prado Bugallo, ha recordado, fue condenado por tráfico de drogas en el 2001 y blanqueo en el 2009. El fiscal negado que se lo esté castigando por hechos ya juzgados en la Audiencia de Pontevedra. También ha añadido que los "correos humanos" no ha podido justificar el origen del dinero que transportaban en el aeropuerto de Barajas, el febrero de 2017, y que "sus explicaciones son débiles e irracionales".

Con respecto a Boye, el fiscal Bodoque ha asegurado que "su nombre ya salió en octubre del 2017", con la operación del dinero decomisado en Barajas, y que "no fue investigado por qué lo declaró una persona en el 2019", haciendo referencia a Puentes Saavedra, acusado de incriminar Boye para salir de la prisión. Sin embargo, Junts per Catalunya ha preguntado al ministro del Interior si está protegiendo a este acusado, que se salvó ya de una condena por drogas.

El fiscal ha asegurado que "la operación jurídica" para recuperar el dinero "es mendaz" y que "se hizo una petición engañosa al Seplac" para recuperar los 860.000 euros comisados en el aeropuerto de Barajas el febrero de 2017.

El fiscal continuará su informe este miércoles en el juicio en la Audiencia Nacional.