La Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo (TS) ya analiza y delibera los recursos presentados por el expresidente catalán Carles Puigdemont y los exconsellers Toni Comín, Lluís Puig y Clara Ponsatí, contra la revisión efectuada por el juez Pablo Llarena sobre su procesamiento después de la entrada en vigor de la reforma penal. El abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, ha reclamado este jueves al tribunal, que se revoque el procesamiento del juez Pablo Llarena contra sus clientes, que se anule la orden de detención y captura nacional, en virtud de la condición de inmunidad, ha rogado "reconducir el procedimiento" dada "la nueva realidad jurídica" que ha provocado la reforma del Código Penal y, en este nuevo contexto, ha pedido que se vuelva a pedir un suplicatorio al Parlamento Europeo.

"Un embrollo procesal". Así es como ha definido Gonzalo Boye el escenario en que se encuentra el caso. La tesis que ha defendido el letrado de Puigdemont, Comín y Ponsatí, es que se tiene que volver a la casilla de salida teniendo en cuenta que, con la nueva normativa penal en vigor, los delitos han cambiado. "Nadie ha generado el actual marco jurídico y, llegados a este punto, se tiene que poner sentido común e intentar que el procedimiento judicial vuelva a un cauce que sea sustentable", ha argumentado Boye buscando la sintonía con el tribunal, quién ha definido la reforma penal "de técnica penosa".

 

En este contexto, pues, ha dejado claro que el auto de procesamiento de marzo de 2018 ha quedado "obsoleto e inoperativo", "desfasado y no es válido", sabiendo que la sentencia del procés del 2019 condenó a los líderes independentistas por sedición y no rebelión y, por otra parte, por la reforma legislativa que derogó la sedición. En este caso, y con base en esta aparente contradicción, ha urgido a los tres magistrados que vuelvan a pedir otro suplicatorio al Parlamento Europeo para determinar si se les puede levantar la inmunidad y juzgarlos basándose en los nuevos delitos. "El anterior suplicatorio estaba vinculado a los delitos de malversación y también al de sedición, hoy derogado por el gobierno", ha repasado para seguir defendiendo que se tienen que revocar los dos autos —el de enero y el de marzo de 2023— en que el juez instructor Pablo Llarena reinterpretaba los delitos por los cuales se procesaba a los independentistas.

Delante de la sala, el abogado ha pedido hacer este movimiento, "adaptar el procesamiento", sea cual sea el resultado de la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) sobre la validez de la inmunidad de los eurodiputados de Junts, Puigdemont, Comín y Ponsatí. "Podemos adelantarnos y resolver este embrollo legal creado por los políticos, podemos hacerlo aquí y ahora, simplemente es cuestión de aplicar el derecho vigente", ha aducido. Sobre la exconsellera de Ensenyament, a quien han procesado solo por desobediencia, la defensa ha insistido en que los hechos que se le imputan han prescrito 5 años después del 2017. 'Es una situación clara', ha sentenciado.

Puig reclama que desaparezca la malversación

A su vez, el abogado de Puig, Miquel Sàmper, ha reclamado a la sala de apelaciones que "decaiga el procesamiento de malversación" contra su cliente y con la vista puesta en "el retorno de los exiliados". En este punto se ha basado en dos hechos. Por un lado, se ha defendido a partir de la sentencia del procés, en la que se indicaba que Unipost —la empresa que repartió notificaciones a los integrantes de las mesas electorales del referéndum del 1 de octubre— encargó al Departamento de Cultura la distribución, pero que nunca se efectuó ningún pago. Si Llareno lo procesa igualmente, la defensa del exeurodiputado cree que se le debería aplicar el tipo más leve y, "en ningún caso debería exceder de los 4 años de prisión". 

Al margen de esto, Sàmper ha recordado que la citada compañía "no ha generado ni podrá generar" ningún gasto con relación al Departamento de Cultura que dirigía Puig porque, ha subrayado, la empresa está en concurso de acreedores. Sàmper también ha recordado que, a raíz del decreto de convocatoria del referéndum, "no existía ninguna obligación contraída" con la Conselleria de Cultura. Para acabar, también ha insistido en que el Supremo no es el competente para dirimir el caso, sino que se tendría que llevar al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

La Fiscalía y la Abogacía del Estado critican la actitud de los independentistas

A su vez, la Fiscalía y la Abogacía del Estado han atribuido a los independentistas los cambios que ha habido en el procesamiento y les han reprochado que, en los últimos 5 años, "hayan eludido someterse a la justicia". "Por las defensas se nos dice que no somos culpables, los togados, de estar aquí con todas las circunstancias sobrevenidas. Discrepo porque, si estamos aquí, cinco años después, es porque los recurrentes no se han sometido a la justicia", ha asegurado la representante jurídica del Estado, Rosa María Seoane, que ha recordado que si "procesalmente estamos congelados", recordando que ni siquiera han prestado declaración indagatoria, es porque los encausados "han eludido someterse a la justicia". En contraposición, la abogada del Estado ha recordado que, en el marco del proceso judicial en curso, ya se han dictado sentencias a la justicia española y europea.

En esta línea, el fiscal Javier Zaragoza se ha negado a pedir otro suplicatorio porque, ha afirmado, consiguieron la condición de eurodiputado más tarde de su procesamiento. Además, ha dicho que el "empantanamiento procesal" no ha sido culpa "ni del instructor, ni de la Fiscalía, ni de la Abogacía", sino que "ha sido obra de los recurrentes". Según su versión, los procesados han recurrido hasta la última coma, pero a la vez no se han presentado ante los tribunales españoles. Por su parte, la acusación popular ejercida por Vox también ha reclamado al Supremo que acuse por el nuevo delito de desórdenes públicos agravados que el instructor descartó inicialmente.

A la espera de la decisión firme y posibles euroórdenes

Hecha esta vista, la sala de apelaciones deliberará y emitirá una decisión ya firme sobre los delitos por los cuales se procesa a los líderes independentistas. Se sabrá, por lo tanto, por qué delitos reclama la justicia española a Puigdemont, Comín, Ponsatí, Puig y Rovira. Con base a las conclusiones de apelación, Llarena podría emitir otra eurooden contra ellos, aunque antes de hacerlo tendrá que esperar la determinación que tome el TGUE el 5 de julio.

La revisión a raíz de la reforma del Código Penal

El juez Llarena, el 12 de enero, revisó los casos de Puigdemont, Toni Comín, Lluís Puig, Clara Ponsatí y Marta Rovira, a raíz de la reforma del Código Penal, pactada por el gobierno central y ERC, que derogó el delito de sedición y modificó el de malversación. En el caso del expresidente, el instructor sustituyó la sedición por desobediencia y mantuvo el procesamiento por malversación agravada, manteniendo la misma petición de años de prisión. Sobre eso, la Fiscalía y la Abogacía del Estado mantuvieron al unísono que, al margen de malversación y desobediencia, también se lo tendría que perseguir por desórdenes públicos agravados.

En este sentido, Llarena se ratificó en el procesamiento al descartar un primer recurso de Puigdemont y desestimó las alegaciones de las acusaciones —Fiscalía y Abogacía del Estado—. Una segunda impugnación de la defensa del expresidente catalán ha propiciado la vista de este jueves en fase de apelación, en la cual los tres magistrados decidirán en los próximos días si enmienda o ratifica la propuesta penal de Llarena.

Los tres magistrados de apelación: Magro, de Porras y Polo

La Sala de Apelaciones de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que está revisando los recursos está formada por los magistrados Vicente Magro, Eduardo de Porres y Susana Polo. Con todo este tribunal no puede estar conformado por los jueces que condenaron a los líderes del procés independentista. A raíz de la reforma del Código Penal, el mismo tribunal también revisó las penas y acordó condenar por desobediencia y malversación agravada a los políticos independentistas que en un primer momento habían sido sentenciados por sedición y malversación. De esta manera, Manuel Marchena y sus compañeros descartaron también los desórdenes públicos agravados.

La resolución del TGUE, a la vista

La vista de este jueves ha tenido una fecha futura en el calendario: el 5 de julio. Es el día en que el Tribunal General de la Unión Europea dictaminará sobre la inmunidad de Puigdemont, Comín y Ponsatí como eurodiputados de Junts. Se analizará la actuación de la comisión parlamentaria de Asuntos Jurídicos que accedió al suplicatorio pedido por el juez Llarena para levantarles la inmunidad. La defensa del exilio sostiene que el presidente de la comisión, Adrián Vázquez, eurodiputado de Cs, actuó con falta de imparcialidad. El exilio pide la anulación de este suplicatorio.