Respuesta. El abogado Gonzalo Boye, en nombre de la presidenta del Parlament y de Junts, Laura Borràs, ha presentado este miércoles un recurso de apelación para que la sala civil y penal de Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) tramite el incidente de recusación "por falta de imparcialidad" del juez instructor del caso de la Institución de las Letras Catalanas (ILC), Carlos Ramos. En el recurso, Boye afirma que el juez instructor tiene "indebidas prisas" para cerrar el procedimiento a Borràs, especialmente al haber desestimado su recusación, además de los argumentos contra el procesamiento de Borràs para juzgarla por su gestión en la ILC del 2013 en el 2017. La fiscalia ya anunció que le pide seis años de prisión y 21 de inhabilitación a cargo público por los delitos de falsedad documental y prevaricación. Además de este recurso, la defensa de Borràs tiene hasta el próximo lunes para presentar recurso contra su procesamiento. Estos recursos, sin embargo, no son suspensivos para que el magistrado dicte la apertura del juicio oral contra Borràs en cualquier momento, hecho que abrirá la caja de truenos en el Parlament.
En la resolución del viernes pasado, el magistrado Carlos Ramos desestimó su recusación, todo argumentado que los motivos expuestos -haber estado nombrando en el 2004 a partir de una terna propuesta por el gobierno del tripartito, liderado por el PSC- ya se trataron en otras recusaciones hace dos años y que no fueron aceptados. Además, añadía que en este punto no era posible un recurso de apelación. Por el contrario, Boye asegura, en el escrito, que se "sorprende" que el magistrado "no haya cumplido ni con las formalidades básicas" que fija la ley Orgánica del Poder Judicial, en que se tiene que dar traslado al resto de partes en el procedimiento para que expongan si suscriben la recusación o tienen otros motivos.
Los argumentos de "abuso" del abogado
El abogado de Borràs reprocha al magistrado instructor del TSJC que se les acuse "de abuso de derecho" o de fraude procesal", cuando "el abuso proviene de la misma omisión de las normas procesales básicas", que según Gonzalo Boye "causa una efectiva indefensión" a la presidenta del Parlament, y pide a la sala del TSJC que tramite la recusación del juez Ramos tal como fija la ley.
En el recurso, el penalista también afea al magistrado que exponga que como se desestimó una recusación contra él, ya no se le pueda presentar ninguna más "como una suerte de causa juzgada que lo haría inmune a cualquier otra recusación". Boye afirma que "el derecho al juez imparcial es de carácter, primero y absoluto y segundo, individual", y añade que en los otros casos citados por el juez le ha dado la razón la jurisdicción nacional "pero todos ellos estan pendientes ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)".
Nuevas causas de recusación
El abogado de Borràs precisa que ha indicado otros hechos que ponen en duda la imparcialidad del magistrado Carlos Ramos, como por ejemplo que firmó un informe conjuntamente con el presidente del TSJC, Jesús Maria Barrientos, contra los motivos de recusación que presentaron los procesados soberanistas la Mesa del Parlament, presidida por Roger Torrent. El TSJC aceptó los argumentos de Josep Costa y ha hecho apartar a Barrientos del tribunal juzgador. "No hay dudas de la existencia de una animosidad, para llevarlo a términos neutros, respeto no solo a quien los recusan en el procedimiento, sino a la opción política que representan aquellos líderes políticos", sostiene Boye, en referencia a los líderes independentistas de Junts y ERC, y "especialmente", añade, a Laura Borràs, que "sucede en el cargo en Torrent".
En este sentido, Boye reproduce el razonamiento de la sala del TSJC que analizó la recusación de Barrientos -y que aceptó la petición de Josep Costa- de quién asegura que los argumentos del juez "resulta explicables en términos humanos y la defensa del mismo prestigio e integridad profesional, pero que podría suscitar en el recusante la legítima sospecha de falta imparcialidad". Boye añade que su representante, Laura Borràs, "ya tiene esta sospecha".
El abogado manifiesta que la imparcialidad judicial es "una exigencia obligada" y recogida en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, y la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y de la misma Constitución. Por todo eso, Boye pide a la sala del TSJC que admita a trámite su recurso contra la resolución del juez instructor del 15 de julio pasado y que tramite la recusación del juez Carlos Ramos.
Paralelamente a la causa penal, Laura Borràs ya ha manifestado que no dimitirá del cargo y pide a los compañeros del Parlament que no la condenen antes de ser juzgada.