Nueva carga de Gonzalo Boye, abogado de Carles Puigdemont, contra el juez instructor Pablo Llarena. Boye reprocha que Llarena persigue a Puigdemont solo con el apoyo de la acusación de Vox, dado que tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado, ante la entrada en vigor de la ley de amnistía, han pedido el sobreseimiento libre del caso contra el político exiliado. El abogado, que reitera los argumentos sobre lo que describe como la "grotesca arbitrariedad" de la decisión de juez de no aplicar la amnistía, reprocha que Llarena ha declarado a Puigdemont en rebeldía y ha dictado orden de detención contra él sin darle oportunidad de comparecer como si hizo la también instructora del Supremo Susana Polo en el caso Tsunami.
De esta manera, Boye construye el recurso de reforma contra la decisión del 1 de julio de Llarena de no aplicar la amnistía y mantener la orden de detención contra Puigdemont, así como contra los consellers Toni Comín y Lluís Puig. "Este procedimiento se sostiene, única y exclusivamente, en virtud de las pretensiones de un partido político [Vox] que acusa a un rival político de unos hechos que no solo han carecido siempre de cualquier relevancia penal, sino que, además, son actos comprendidos dentro del ámbito objetivo de la citada ley orgánica", asegura la defensa de Puigdemont. Este hecho es, según añade, el que explica la decisión del juez de limitar la orden de detención al ámbito estatal porque "con tal exclusivo apoyo, sabe que resulta inviable la emisión de una orden europea de detención y entrega que resultaría, desde toda perspectiva, inviable".
Objetivo: "Encerrar a Puigdemont"
Después de dar repaso de las diversas medidas adoptadas por el juez con las cuales se ha ido modificando tanto los hechos como el derecho aplicable a cada caso, Boye sentencia que resulta "claro y manifiesto" que el objetivo de Llarena es "encerrar en prisión" a Puigdemont "sin importar las circunstancias del caso ni del afectado" ni intentando otras medidas menos contundentes, con lo cual vulnera, según asegura, el principio de proporcionalidad que tiene que regir este tipo de medidas privativas de derechos fundamentales.
Boye sostiene que la evolución que ha experimentado el caso tendría que haber obligado al juez a dictar una nueva resolución de procesamiento que estableciera de manera concreta y precisa los hechos que se investigan y las normas aplicables. "No es asumible que nadie tenga que seguir una suerte de camino de migas, al estilo de Hänsel y Gretel, para poder averiguar los concretos hechos por los cuales se le declara procesado", reprocha, además de advertir que esta manera de proceder atenta contra el derecho de defensa y el derecho a un proceso con garantías y a la tutela judicial efectiva.
Contraste con Polo
Asegura que el juez no ha cumplido las normas relativas a una resolución de rebeldía y reprocha a Llarena que utiliza la ley procesal como una "referencia difusa", como si existiera un cuerpo normativo general y otro de específico para Puigdemont. Asegura que cada vez que se modifica el auto de procesamiento hasta llegar a la situación actual, muy diferente del auto de marzo del 2018, hay que reiniciar el proceso mediante el cual se intenta la notificación del afectado.
Es acto seguido cuando, en caso de fracasar en el intento, se activa el proceso de declaración en rebeldía, establecido en la ley de enjuiciamiento criminal. Es decir, que el procedimiento de declaración de rebeldía implica la citación del procesado, la emisión de una orden de busca y captura en caso de no comparecencia, la declaración formal de rebeldía mediante auto y la adopción de medidas para asegurar la comparecencia futura del procesado y la protección de los intereses del proceso penal.
Para ilustrar el procedimiento, Boye pone como ejemplo el otro caso del Supremo en el que estaba siendo investigado Puigdemont, a raíz de la investigación por terrorismo en Tsunami Democràtic, que ha sido archivado este martes. En este procedimiento la instructora Susana Polo fijó entre los días 17 y 21 de junio para declarar voluntariamente y Puigdemont —"que siempre ha estado a disposición de la justicia", afirma— compareció el primer día señalado ante las autoridades francesas en París.
Falta de imparcialidad
El texto considera injustificable e incomprensible que existiendo dos procedimientos en el mismo Tribunal y en contra de la misma persona, se actúe de manera "diametralmente opuestas". Concluye que la explicación a esta diferencia "solo puede venir desde la perspectiva de la falta absoluta de imparcialidad" de Llarena y que su actuación no solo no es conforme a derecho, sino tampoco conforme a lo que se resuelve "en la puerta de al lado". "No hemos tenido que ir muy lejos para demostrar como en uno y otro caso —contra la misma persona— se ha actuado de forma diferente y se han conseguido resultados diferentes", remacha.