Tirón de orejas de la defensa de Carles Puigdemont al juez instructor Pablo Llarena. El abogado del president en el exilio, Gonzalo Boye, reprocha que el magistrado haya consultado a las partes sobre la presentación de una cuestión de inconstitucionalidad en relación a la aplicación de la ley de amnistía al delito de desobediencia, por el que se investiga a Puigdemont y a los consellers Toni Comín y Lluís Puig, pero no concreta exactamente las razones en las que se sustentan sus dudas.
El juez dio diez días a las partes para posicionarse sobre la cuestión de inconstitucionalidad en la misma providencia en que el pasado 1 de julio comunicó que mantenía vigentes las ordenes de detención contra los tres políticos exiliados en Bruselas.
En su escrito de respuesta al Supremo al cual ha tenido acceso ElNacional.cat, el abogado de Puigdemont reprocha la falta de concreción sobre qué fundamentos jurídicos sostienen una posible inconstitucionalidad, lo cual impide que las partes se puedan pronunciar y vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, a un proceso con todas las garantías y al derecho a la defensa. Advierte que es esencial que se identifiquen claramente las dudas específicas que se plantean y que sin esta información crucial no es posible dar respuesta al magistrado.
Pérdida de tiempo
La defensa de Puigdemont no ve ningún problema de inconstitucionalidad en la amnistía y, por lo tanto, considera que un planteamiento de una cuestión al TC "solo comportaría una innecesaria pérdida de tiempo en la propia aplicabilidad de la norma". "El planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad sin una base clara y específica no solo sería una pérdida de tiempo, sino que también podría interpretarse como un intento de dilatar el proceso judicial de manera indebida", advierte, además de subrayar que eso podría tener implicaciones negativas para los derechos de las partes involucradas. El texto recuerda que la demora en las resoluciones judiciales afecta a la eficacia de la administración de justicia y socava la confianza en el sistema judicial.
El abogado reclama que se expongan los detalles específicos por los cuales se quiere presentar la cuestión al TC, y advierte que "en caso contrario, el planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad no solo resultará improcedentes, sino también perjudicial para la eficiencia y credibilidad del proceso judicial".
La mente del magistrado
"¿Se nos está pidiendo que indaguemos en la mente del magistrado?", se pregunta Boye ante la falta de concreción de Llarena, y advierte que eso es lo que implícitamente se les reclama cuando el juez instructor no concreta los puntos en los que plantea dudas y deja a las partes "en una posición en la que se ven obligadas a especular sobre las posibles dudas de inconstitucionalidad que pueda tener". Por todo ello, advierte que este enfoque es ineficiente, contrario a los principios de transparencia y precisión que debe dominar en todo proceso judicial, pone en entredicho la objetividad y la equidad del proceso judicial, lo cual hace siete años que denuncia la defensa de Puigdemont, y mina la eficacia del sistema judicial al introducir incertidumbre y subjetividad.
"Las partes necesitamos una base clara y concreta sobre la que trabajar para asegurar que nuestros análisis y argumentos sean pertinentes y bien fundamentados", advierte, y argumenta que sin esta base cualquier evaluación sobre la constitucionalidad del texto corre el riesgo de ser superficial e incompleta, con los efectos que eso puede comportar para la administración de justicia, para su defendido y para el conjunto de la sociedad.