El abogado Gonzalo Boye, responsable de la defensa de Josep Lluís Alay y letrado también de Carles Puigdemont, rechaza la nueva prórroga de la instrucción del caso de Tsunami Democràtic que propone la Audiencia Nacional. Boye sostiene que esta instrucción, en manos del juez Manuel García-Castellón, está fuera de plazo desde el 29 de julio del 2021, dado que la prórroga dictada entonces se acordó cuando ya se había agotado el calendario y, por lo tanto, toda investigación posterior vulnera la ley y es "nula de pleno derecho". Por todo ello, pide que se declare la nulidad de las actuaciones llevadas a cabo desde julio del 2021 y el sobreseimiento del procedimiento.

La defensa de Alay responde así a la consulta que desde la Audiencia se planteó a las partes sobre una nueva prórroga de la instrucción del caso en el que se investiga a los responsables de la plataforma Tsunami Democràtic, que impulsó las movilizaciones contra la sentencia a los líderes del procés en octubre del 2019. El pasado 6 de noviembre, García-Castellón acordó investigar por terrorismo dentro de esta causa a 12 personas, entre las cuales, el president Carles Puigdemont y la secretaria general de ERC, Marta Rovira.

Fuera de plazo

El abogado argumenta que el calendario para la instrucción quedó fijado el 29 de julio de 2020. Ese día se publicó en el BOE una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal que fija un plazo máximo de 12 meses para la investigación judicial. Un año más tarde se prorrogó la instrucción, pero se hizo con un auto del 30 de julio firmado el 2 de agosto, cuando ya había caducado el plazo. Es decir, "se prorrogó la instrucción con carácter retroactivo", lo cual vulnera la ley.

Posteriormente, se han ido dictando prórrogas cada seis meses, hasta la del 29 de enero. Sin embargo, la defensa de Alay considera que, dado que el primer auto estaba fuera de plazo, "todo lo acordado como diligencia de instrucción y actuado con posterioridad es nulo de pleno derecho". Además, subraya que dentro del plazo de la instrucción, que se agotó el 29 de julio de 2021, no se tomó declaración a ninguno de los investigados. Por lo cual, y dado que no se puede llevar a nadie a juicio sin antes tomarle declaración como investigado, "habrá que entender que no existe viabilidad alguna de llevar este procedimiento a fases posteriores".

Competencia del juez

También Benet Salellas, abogado de Oriol Soler y Oleguer Serra, se ha opuesto a la prórroga de Tsunami. En este caso, argumenta que el juez no es competente para analizar esta causa, como ya argumentó en la anterior prórroga.

El mismo argumento sobre la falta de competencia de García-Castellón lo esgrime Marina Roig, abogada de Marta Molina. Será la sala de lo penal de la Audiencia Nacional la que resuelva estas cuestiones, así como también deberá pronunciarse sobre si los hechos encajan en el delito de terrorismo.