El abogado Gonzalo Boye no se ha limitado a negar cualquier participación en el delito de blanqueo de capital vinculado al narcotráfico por el cual lo investiga la juez de la Audiencia Nacional María Tardón. En un escrito presentado ayer en la Audiencia, el letrado pone en evidencia sombras, inexactitudes y agujeros de los datos incorporados —u obviados— en el sumario que demostrarían la falsedad de las acusaciones.

La juez acusa al abogado, responsable de la defensa de Carles Puigdemont y Quim Torra, de diseñar y confeccionar documentos para una operación de blanqueo de capitales vinculada con José Ramon Prado, conocido como Sito Miñanco. El origen del caso está en las gestiones que puso en marcha el despacho de Boye para recuperar 889.000 euros que la policía incautó a uno de los procesados, Manuel González Rubio, en el aeropuerto de Barajas en febrero del 2017.

 

El documento advierte que las acusaciones contra Boye se basan únicamente en las declaraciones de los investigados González Rubio y Manuel Puentes Saavedra, y es partir de estas que "se ha construido un relato atributivo de graves responsabilidades penales" contra él. De hecho, sin la declaración de Puentes Saavedra "no se habría autorizado la diligencia de entrada y registro en los domicilios personal y profesional" del abogado.

Declaración falsa

Uno de los primeros puntos que desmiente en el escrito son las declaraciones del mismo González Rubio en el sentido que conoció a Boye en febrero del 2017, después de la intervención del dinero en el aeropuerto de Barajas.

El letrado aporta documentación sobre encargos profesionales hechos por González Rubio desde el 2010 a su despacho y advierte que es "absolutamente falso" lo que ha declarado. "Ya era cliente del despacho Boye-Elbal SLP desde el año 2010", cuando le otorgó poder general para juicios ante notario al propio Boye, entre otros. "Miente absolutamente sobre la fecha y las circunstancias en que entró en contacto con el letrado Gonzalo Boye, dado que lo conocía desde agosto de 2010", señala con la documentación aportada.

Geolocalizadores

Asimismo, mediante la geolocalización de los teléfonos móviles intervenidos a los procesados José Ramón Prado, Puentes Saavedra y González Rubio, que está incluida en el sumario, demuestra que son falsas las reuniones que Puentes asegura que tuvieron en el despacho de Boye para elaborar documentos y contratos de compraventa que permitirían justificar el origen del dinero intervenido.

El geolocalizador demuestra que no es verdad que Prado hubiera estado en su despacho en febrero del 2017 y que, en realidad, en aquellas fechas "siempre estuvo, al menos, a 600 km de distancia". De hecho, recuerda que en aquellos momentos estaba cumpliendo pena de prisión en tercer grado y con permisos de seis días que aprovechaba para viajar a Galicia, pero en ninguno de ellos fue al despacho de estos abogados.

Fuera de España

Igualmente, los metadatos del teléfono también demuestran que González Rubio estaba fuera de España, en concreto en Latinoamérica, los días de febrero del 2017 en que ha asegurado que participó en reuniones en el despacho del abogado donde firmó documentos y "los sorprendió contando dinero". Y que tampoco son ciertas las afirmaciones de Puentes Saavedra sobre estas reuniones el 8 de febrero.

"Se puede determinar con absoluta certeza y carácter incuestionable que las reuniones descritas por los coprocesados Puentes Saavedra y González Rubio no se produjeron. Las declaraciones de estos dos procesados son fruto de la invención y eso se debe, en el primero de los casos, a un ánimo espurio motivado por la existencia de otras responsabilidades penales y, en el segundo de los casos, por un evidente ánimo autoexculpatorio", se asegura.

Correo humano

Otro de los puntos que refuta es que González Rubio actuara como "correo humano" como se describe en el auto. Mediante la documentación, demuestra que es un empresario de larga trayectoria, vinculada entre otros al sector de la seguridad, con un ingente patrimonio, y que es el propietario del dinero intervenido en Barajas el 6 de febrero del 2017.

Todo ello se demuestra a partir de conversaciones telefónicas, que figuran en el sumario, pero no han sido transcritas ni incorporadas en ninguno de los atestados. "Lo que sorprende es que, conociendo la fuerza investigadora su existencia, se haya ocultado este dato al juzgado omitiendo cualquier transcripción al respecto y, mucho menos, las haya incluido en ningún atestado", reprocha.

 

Imagen principal, el abogado Gonzalo Boye / Europa Press