El juez ha levantado el secreto de sumario del caso de la relación entre una trama rusa y el procés independentista. En el centro de las investigaciones está el responsable de la oficina de expresident de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay. Su abogado, Gonzalo Boye, ha recibido hoy la notificación del levantamiento de un sumario que se ha ido filtrando por capítulos, a lo que incluso el mismo Alay pidió que se pusiera freno con un requerimiento al juez de Instrucción 1 de Barcelona, que es quien lleva la investigación.
Boye ha hecho pública la notificación del levantamiento del secreto de sumario junto con un reproche: "Todo muy legal y democrático". Boye ha denunciado así de nuevo las filtraciones con un tuit y la fotografía de la notificación.
Me acaban de notificar el levantamiento del secreto de la pieza separada correspondiente al teléfono de @josepalay ... más de un mes después de haberle filtrado su contenido al NYT y otros medios... todo muy legal y democrático pic.twitter.com/pDk6U83CUI
— Gonzalo Boye (@boye_g) September 20, 2021
A principios de septiembre Gonzalo Boye presentó dos escritos sobre las filtraciones. Uno reclamaba saber quién ha tenido acceso —del juzgado y de la Guardia Civil— a la información del móvil de Alay que se ha filtrado a los medios cuando todavía estaba bajo secreto de sumario. Advertía la vulneración del derecho a la defensa y que eso lo obligaba a actuar conforme a derecho hasta las últimas consecuencias sea quien sea el responsable de este delito. Entre las informaciones que se han publicado figura una de The New York Times del viernes 3 de septiembre elaborada a partir de la información que la Guardia Civil sacó del teléfono móvil de Alay y que hasta aquel mismo viernes estaba bajo secreto de sumario en una pieza separada del caso. Estas informaciones se han sabido en paralelo al intento del juez del caso, Joaquín Aguirre, de reemprender la vía rusa de la investigación, aunque la Fiscalía se ha mostrado en contra.
En un segundo escrito reclaman que se les notifiquen las resoluciones dictadas en el procedimiento contra Alay, dado que, aunque se ha publicado información de algunas partes en diferentes medios, todavía no se las han facilitado. En el escrito se denuncia que se ha vulnerado el derecho de defensa del director de la oficina de Puigdemont y "se han cometido irregularidades que requieren de los oportunos recursos y acciones legales". Por esta razón, pide que se investigue la posible responsabilidad de este presunto delito de vulneración de secretos, dado que aunque las partes no han tenido acceso, su contenido sí ha llegado a manos de los periodistas del New York Times que la semana pasada publicaron una información al respecto.