La polémica ya estaba servida mucho antes. De la noche a la mañana, Dolores Delgado pasó de ser ministra de Justicia a ser la candidata a fiscal general del Estado. Después de pasar el visto bueno con más votos en contra del Consejo General del Poder Judicial, este jueves ha tenido que someterse a la comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. Ha tratado de centrarse en sus méritos profesionales, pero no ha podido escapar del clima de polarización política. Su paso por listas y el gobierno del PSOE lo ha enfangado todo. La fiscal de carrera lo ha vendido como un punto favorable: "No tiene que ser visto como una debilidad, sino como una fortaleza". De nada ha servido ante una derecha radicalizada, que la ha acusado de estar bajo el control del independentismo. Por el contrario, los independentistas le han exigido "valentía".

La comparecencia de Dolores Delgado ha empezado por aquello básico, constatando que cumple los requisitos "objetivos" para serlo, como resolvió el Consejo General del Poder Judicial: es una jurista española de reconocido prestigio y que cuenta con más de 15 años de ejercicio profesional. Frente a eso, la exministra de Justicia ha instado a los integrantes de la comisión a valorar su idoneidad para el cargo en base a su currículum, su trayectoria profesional y su capacidad para ejercer el cargo.

"Soy fiscal de carrera desde hace 30 años", ha defendido la exministra, antes de repasar su trayectoria como fiscal, que empezó en los juzgados de primera instancia de El Prat de Llobregat. "Catalunya fue una escuela de fiscales", ha reivindicado Delgado, que después ha repasado su paso durante años por la Audiencia Nacional, donde se ha tenido que enfrentar a fenómenos como el narcotráfico, la lucha contra ETA o el terrorismo yihadista. También su paso por el Tribunal Penal Internacional (TPI). Ha reivindicado que lo ha hecho "siempre con la mirada puesta en las víctimas y con respeto absoluto a los derechos humanos".

Sobre la etapa más polémica, la de ministra durante un año y medio, la ha defendido como una virtud. "Mi trabajo al frente del Ministerio ha sido un factor que ha enriquecido mi perfil como profesional, dándome una visión integral del sistema de justicia de nuestro país", ha sostenido. Ha subrayado que siempre lo ha hecho desde la vocación de servicio público. "Me siento orgullosa de haber servido a la sociedad como miembro del Gobierno de España", ha asegurado Delgado. "Haber ejercido el cargo de ministra no tiene que ser visto como una debilidad, sino como una fortaleza", ha concluido.

La candidata ha aprovechado para hacer una comparación con el sistema de elección de otros países democráticos. Ha recordado que en países como Estados Unidos, Inglaterra, Canadá o Australia el fiscal general "forma parte del mismo ejecutivo"; que en Alemania, Portugal, Australia, Finlandia o Suecia lo escoge el presidente del país, o que en otros es propuesto por el presidente o el poder legislativo, como en Francia. "El nuestro es un sistema híbrido", ha señalado.

"Mal me conocen a los que piensen que pueda traicionar los principios que me han llevado hasta aquí", ha asegurado Dolores Delgado. "Me avala mi trabajo en la institución, desde la trinchera y desde los despachos. Me avala mi relación con la fiscalía cuando he estado fuera de ella", ha reiterado.

La derecha no le reconoce ni la trayectoria

A diferencia del órgano de gobierno de los jueces, la derecha no le ha reconocido ni que cumpla los requisitos formales. El portavoz el PP, Luis Santamaría, ha considerado que ni siquiera es una jurista de reconocido prestigio. "Será la fiscal genuflexa al gobierno, fiel guardiana del Partido Socialista, defensora del independentismo". Santamaría lo ha relacionado con el pacto de investidura con ERC: "De su parte están Sánchez, los condenados por sedición, los secesionistas y los abertzales". Ha acusado de "haber dejado desamparado" al juez Pablo Llarena en la causa abierta en Bélgica contra el magistrado del Tribunal Supremo.

Todavía más allá ha ido el portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, que le ha dicho a Delgado que "viene a garantizar el pago de la deuda que ha contraído el presidente con sus socios comunistas, proetarras y separatistas". Ha asegurado que con su nombramiento "ayudará a la impunidad de los condenados golpistas", y al ejercicio del derecho a la autodeterminación. Incluso la ha acusado de "persecución de la oposición real" por hablar de perseguir el discurso del odio. "Usted es de desconocido prestigio, pero de conocido desprestigio", ha concluido el diputado ultra.

En un tono un poco más rebajado, el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, se ha dirigido a la candidata como "socialista" y le ha dicho que no es "imparcial". Le ha reprochado que, cuando era ministra, "no hubiera querido defender a Pablo Llarena", así como las conversaciones del comisario Villarejo, de las que Delgado no ha hablado. "No sólo hay que serlo, sino que hay que parecerlo", ha señalado. "¿Cómo garantizará la buena imagen de la Fiscalía? Estará siempre bajo sospecha", ha añadido. Le ha preguntado si se abstendrá de asuntos como los permisos penitenciarios de los presos políticos, a los que el ministerio público se está oponiendo.

El independentismo exige "valentía"

Un tono muy diferente ha exhibido el conjunto del independentismo. La portavoz de ERC, Carolina Telechea, ha empezado reconociendo que "son evidentes y sobradas su capacidad, formación y experiencia". No obstante, le ha reclamado que la fiscalía vuelva a la justicia de verdad. "Si se hubiera aplicado la ley, no tendríamos presos políticos ni exiliados", ha subrayado la diputada republicana. Ha asegurado que no cuestionan el derecho sino "la interpretación y aplicación" que se hace, especialmente desde el ministerio público en la causa del procés. Ha lamentado que la institución no haya hecho nada para aplicar sentencias europeas como la del TJUE sobre Oriol Junqueras.

Por su parte, el portavoz de JxCat, Jaume Alonso-Cuevillas, tampoco ha cuestionado su idoneidad. Le ha advertido que "no lo tendrá fácil", pero le ha reconocido que "está capacitada" después de pasar por El Prat y el TPI. Le ha reclamado que "sea valiente" para ejercer su potestad y desjudicializar la política. En este sentido, le ha recordado la oposición a los permisos penitenciarios. "En una causa que no fuera política no serían objeto de oposición", ha señalado. Ha reclamado devolver el conflicto al terreno de la política y no de los tribunales.

La diputada de la CUP, Mireia Vehí, también ha puesto el foco en la represión, después de "celebrar" su compromiso en la lucha contra los delitos de odio y la protección de colectivos vulnerables. En este sentido, ha cargado contra el uso de los delitos de orden público para perseguir a la disidencia política o el uso de la sedición, que puede afectar al independentismo pero también a personas que paran desahucios. "¿Contribuirá a la defensa de los derechos colectivos, no sólo de autodeterminación, o seguirá la estela de sus antecesores aplicando la doctrina del shock?", le ha preguntado.

Ortega Smith marea la perdiz

Uno de los momentos de más tensión lo ha protagonizado el diputado de Vox, Javier Ortega Smith, que ha saltado contra la diputada de EH Bildu Bel Pozueta. La parlamentaria navarra ha preguntado a Dolores Delgado si piensa investigar el uso "sistemático" de la tortura en Euskal Herria. El portavoz de extrema ha reclamado a la presidenta de la comisión que le retire la palabra por "falta de decoro inaceptable a las instituciones del Estado". Ha expresado "indignación" por tener que "compartir instituciones con grupos proetarras y progolpistas". Lo ha calificado una "vergüenza". Pozueta no ha entrado a polemizar con Ortega Smith.

Siete votos en contra del CGPJ

Después de ser propuesta por el Consejo de Ministros, Dolores Delgado tuvo que pasar por un primer trámite, el del Consejo General del Poder Judicial. Si bien el pleno del CGPJ validó la candidatura, los vocales se limitaron a constatar que cumplía con todos los requisitos formales: jurista español de reconocido prestigio y con 15 años de ejercicio del cargo. Esta vez el CGPJ evitó considerarla "idónea", a diferencia de lo que había hecho con sus predecesores. Delgado recibió doce votos a favor y siete en contra. El voto particular argumentaba su paso por la política.

No se habían visto tantos votos en contra. Su predecesora, María José Segarra, a propuesta de Sánchez, fue avalada por unanimidad del pleno del CGPJ. Los fiscales propuestos para|por el PP Eduardo Torres-Dulce y Consuelo Madrigal también recibieron el visto bueno de todos los vocales. En el caso de Julián Sánchez Melgar y José Manuel Maza sólo hubo un voto en contra.

Ahora solo falta que el Consejo de Ministros eleve la propuesta al Rey para que la nombre fiscal general del Estado.