La Comisión Europea ha pedido en la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) que investigue si el caso Koldo afectó a los fondos de la Unión Europea. "La Comisión Europea tomará todas las medidas necesarias para proteger el presupuesto de la Unión Europea y tiene tolerancia cero con el fraude", ha asegurado a Europa Press un portavoz comunitario, al ser cuestionado por el caso y su impacto en las arcas comunitarias. Según esta fuente, los servicios comunitarios están en "estrecho contacto" con las autoridades nacionales responsables de la gestión de los fondos europeos, es decir, el Ministerio de Hacienda, para determinar si hay dinero comunitario "involucrado" en el presunto cobro de comisiones ilegales en la compra de mascarillas durante la pandemia por el cual fue detenido Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos cuando este era ministro. El portavoz ha asegurado que desde Bruselas siguen la cuestión "muy de cerca" y ha asegurado que ya han remitido los detalles del caso Koldo al OLAF para que siga "investigando".
De hecho, la Fiscalía Anticorrupción envió el pasado mes de junio a la Fiscalía Europea (EPPO), los contratos del caso Koldo firmados con los gobiernos autonómicos de las Baleares y Canarias que lideraban Francina Armengol y Ángel Víctor Torres respectivamente. Las adjudicaciones, por valor de 15,3 millones de euros, se realizaron con fondos europeos, por lo que son competencia del órgano comunitario.
Según consta en la querella que presentó Anticorrupción, el Servicio Canario de Salud adjudicó cuatro contratos entre abril y mayo de 2020 por un valor de 12 millones de euros, de acuerdo a los datos que recoge la querella del Ministerio Público. En el caso de la administración balear, consta un contrato adjudicado por el Servicio de Salud de Illes Baleares en mayo de 2020 por 3,7 millones de euros para el suministro de mascarillas FFP2. Posteriormente, este mismo martes, la Fiscalía de Las Palmas ha presentado una querella en la que acusa de malversación, blanqueo de capitales y fraude a Hacienda a cuatro empresarios que vendieron material sanitario al Gobierno de Canarias durante la pandemia de covid por importe de casi 23 millones de euros.
El Gobierno insiste en la legalidad de todos los contratos
La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha asegurado este martes que todos los contratos firmados por la administración durante la pandemia se hicieron “conforme a la legalidad” y que todos fueron auditados por el Tribunal de Cuentas y la Intervención General del Estado. "El Gobierno es absolutamente implacable contra la corrupción e impecable en su comportamiento", ha asegurado Alegría en la rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros. Además, la ministra ha señalado que “a diferencia de Gobiernos anteriores”, el Ejecutivo actual “llegó con el máximo compromiso con la transparencia y la ejemplaridad”, un compromiso que “sigue hoy tan vigente e inquebrantable como el primer día”.