La Comisión Europea advierte al Gobierno por no cumplir una de las recomendaciones que se ha hecho al sistema de justicia del Estado. En el último informe sobre el estado de derecho publicado este miércoles, se valora positivamente el desbloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pero se reprocha que las presiones que reciben algunos jueces y fiscales por políticos o altos cargos puede afectar a la indecencia judicial y la percepción de esta. Concretamente, Bruselas ve como "un riesgo" algunas de las declaraciones públicas por parte de gobiernos y dirigentes políticos sobre el sistema judicial. También ha pedido más avances para reforzar la independencia y autonomía del fiscal general.
"Si bien los tribunales no son inmunes a las críticas y el escrutinio, la confianza del público en el poder judicial es fundamental para su eficacia, dado su papel especial en la sociedad", señala el documento de casi 40 páginas que este año ha dedicado Bruselas a la salud democrática en España.
Además, la CE reprocha al gobierno de Pedro Sánchez que no haya reforzado la independencia del fiscal general del Estado. "España ha realizado algunos progresos en fortalecer el estatuto del fiscal general, pero no con respecto a desvincular en el tiempo el mandato de este del gobierno, teniendo en cuenta las normas europeas sobre la independencia y la autonomía del ministerio fiscal", se lamenta en el informe.
En el informe, la Comisión pasa de puntillas sobre la ley de amnistía. Solo se menciona que la adopción de esta ley "suscitó polémica" y que ha sido estudiada por la Comisión de Venecia. Así pues, a pesar de la presión de los grupos de derechas en Bruselas sobre la cuestión, la Comisión ha pasado de largo y ha dicho que se encuentra analizándola.
Solo recomendaciones
En las recomendaciones, la Comisión celebra los "avances significativos" conseguidos para desbloquear el Consejo General del Poder Judicial y ha celebrado el acuerdo que, gracias a su mediación con un "diálogo estructurado", ha permitido a PSOE y PP pactar la renovación del órgano gobierno de los jueces, con el compromiso de avanzar en la reforma del modelo de reforma después.
También reconoce "algunos avances" para fortalecer el estatuto del fiscal general, pero los considera insuficientes y pide más esfuerzos con respecto a la separación de los mandatos del fiscal general y del mandato del Gobierno, teniendo en cuenta las normas europeas sobre independencia y autonomía.