El exconseller de Interior Miquel Buch y el sargento y exmiembro de los escoltas de los Mossos de Esquadra Lluis Escolà han presentado sus respectivos recursos de apelación al TSJC contra la condena que les impuso la Audiencia de Barcelona, que sostiene que cometieron los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos por haber contratado Escolà como asesor de Buch, pero en verdad velaba por la seguridad del presidente en el exilio, Carles Puigdemont. Las condenas, anunciadas en septiembre, fueron elevadas: 4 años y 6 meses de prisión y 20 de inhabilitación para Buch, y 4 años de prisión y 19 años de inhabilitación para Escolà.
En sus recursos, la abogada Judit Gené, defensora de Buch, y la abogada de Escolà, Isabel Elbal, coinciden en afirmar que la sentencia "está plagada de inferencias y nada tiene que ver con la prueba practicada". Sus defensas reiteran que la contratación de Escolà como cargo de confianza fue correcta, tal como lo expresaron en el juicio excargos de Interior, además de dos periciales, y reclaman la absolución de Buch y Escolà.
Es un GOIP
En el recurso de Escolà, al cual ha tenido acceso ElNacional.cat, su abogada manifiesta que el tribunal ha emitido una sentencia "plagada de juicios subjetivos, prejuicios y prueba sorpresiva". Además, Elbal sostiene que es "una auténtica persecución política de Escolà por declararse independentista y dar apoyo al president Puigdemont". Por ello, define al sargento Escolà, ahora jubilado, como miembro de un Grupo Objetivamente Identificable de Personas (GOIP), término usado por el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) en la causa del exconseller Lluís Puig, y con el cual se identifica el independentismo catalán.
Sentencia "desorbitada"
Buch, al conocer la condena, el 14 de septiembre pasado, ya anunció que la encontraba "desorbitada" y que presentarían recurso, realizado ahora por su letrada.
En el caso de Escolà, su abogada pide en la sala de apelaciones del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que revise la sentencia, que haga antes una vista oral para poder exponer todas las vulneraciones que considera que el tribunal de la Audiencia de Barcelona ha cometido.
La abogada sostiene que se lo ha castigado por haber ayudado el president Puigdemont a marchar al exilio, el 29 de octubre de 2017, y la investigación de los Mossos para castigarlo se ha trasladado a la sentencia, donde concluye que se le ha vulnerado el derecho fundamental a la presunción de inocencia, el derecho de defensa y el derecho de tutela judicial efectiva.
"Plagada de valoraciones"
Las dos letradas exponen con alarma que la sección 2.ª de la Audiencia de Barcelona ha condenado Buch y Escolà “a partir de indicios”, que -añaden- es legal si no hay prueba directa, hecho indican que en este caso no se cumple: en el juicio se aportaron testigos, que certificaron que la contratación de Escolà cumplió la normativa vigente, que no supuso ningún gasto extra para la Generalitat y que hizo su trabajo. "La sentencia está plagada de afirmaciones subjetivas, de valoraciones", insisten.
Así, el tribunal basa sus pruebas indiciarias en mensajes en Twitter de Escolà, en los cuales anuncia que está con el president Puigdemont, y deducen que no puede trabajar de asesor. Judit Gené e Isabel Elbal coinciden en denunciar un caso grave:que del mensaje “Donec perfidiam” (‘hasta ganar’, ‘hasta la victoria’), que escribió en Twitter el sargento Escolà, el 6 de agosto de 2018, el tribunal “incorpora en la sentencia el razonamiento de comentarios de terceros usuarios en esta red social”, que dicen que el escolta de los Mossos protegía al presidente Puigdemont sin cumplir sus tareas en Interior.
En este sentido, Elbal denuncia que el tribunal no le permitió incorporar una prueba de defensa, como es un mensaje, en que Escolà afirma: "Yo mañana continuaré asesorando. Mañana trabajo. #12octresacelebrar”. Afirmación que demuestra, que va a trabajar en esta festividad española.
Las penalistas también alertan que la sentencia hace referencia a una prueba de un video de YouTube que no se visionó en el juicio. Y manifiestan que el tribunal -formado por los magistrados José Carlos Iglesias, Maria Isabel Massigoge y Francisco Javier Molina- hacen una valoración fuera de sus competencias, como asegurar que lo que necesitaba el conseller Buch era un jefe de comunicación en lugar de un asesor en temas de seguridad.
Las defensas indican que el tribunal no ha valorado dos periciales clave: en una se certifica que la contratación de Escolà fue correcta, y que fue supervisado por 17 funcionarios; y la segunda, que los 14 informes de Escolà sirvieron al conseller, como también los encargos hechos por otros excàrrecs de Interior.
Ante estas irregularidades, piden al TSJC que revoque la sentencia y dicte la absolución de Miquel Buch y Lluís Escolà.