Críticas a la nueva norma. Los consejos del audiovisual de Catalunya (CAC), del País Valencià (CACV) y de Andalucía (CAA) se han manifestado contra la ley audiovisual, a la cual se llegó a un acuerdo este miércoles. Las tres instituciones han criticado que la futura normativa ignora el marco competencial y el nuevo sistema audiovisual. "El nuevo texto limita las competencias autonómicas y, por lo tanto, las de los consejos audiovisuales territoriales, ya que no atribuye ninguna competencia en relación con los servicios de comunicación audiovisual a petición, ni con las plataformas de intercambio de vídeos", han denunciado en un comunicado de este miércoles a los presidentes de los organismos (Roger Loppacher, José María Vidal y Antonio Checa, respectivamente).
La cuestión es que la ley limita las competencias de los tres reguladores y las centraliza en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) española. Eso "supondría recortar su capacidad de acción y las competencias autonómicas en temas tan relevantes como la protección de los menores de edad, el discurso de odio, la publicidad encubierta, la desinformación o las previsiones relativas a la diversidad cultural en las plataformas".
La centralización de la CNMC
Es por eso que los presidentes de los consejos del audiovisual han reclamado "una actuación cooperativa de todos los organismos reguladores independientes que hay en el Estado". "Una colaboración entre ellos y con el resto de reguladores europeos", han precisado. Y es que defienden que "la experiencia alcanzada en estos últimos años por instituciones punteras en el Estado permite aportar y compartir conocimientos en la protección de las personas usuarias en el ámbito audiovisual, especialmente entre la población más joven."
Es por todo eso y más que han querido "expresar la necesidad de establecer, como un eje básico de relación, el principio de colaboración entre la autoridad estatal y las autonómicas." "Un principio de colaboración que está reconocido en el marco jurídico y es habitual entre las autoridades audiovisuales de otros estados descentralizados, como el alemán o el belga," han recordado. Una colaboración de este tipo sería "plenamente consecuente en el marco de un estado descentralizado".
La reforma de la ley
Igualmente, los presidentes de los tres organismos han reclamado que "durante el trámite parlamentario se introduzcan los cambios necesarios para garantizar una actuación concertada entre los reguladores audiovisuales independientes existentes en el Estado en materia de supervisión y control de los contenidos en las plataformas de intercambio de vídeos o el control y la supervisión de las obligaciones relativas a la protección de los menores de edad o a la promoción de obras europeas en los servicios a petición".
Hay que recordar que hablamos de los consejos del audiovisual de tres territorios que suman una población de más de 21 millones de personas, el 45% de la población del estado español, motivo por el cual no comparten "la distribución competencial que prevé el proyecto de ley general de comunicación audiovisual".
Imagen principal: Un edificio de Netflix / Unsplash