"Es incuestionable que estamos dando pasos en la federalización de nuestro estado autonómico". Es una frase de Pedro Sánchez pronunciada este pasado miércoles en la rueda de prensa de valoración del curso, un acto que sirve de inauguración de las vacaciones de verano de la política madrileña. La pregunta que se le hacía en esta comparecencia era si el preacuerdo alcanzado entre PSC y ERC en materia de financiación es extensible a otras comunidades autónomas. El presidente del Gobierno dejaba la puerta abierta de par en par. El líder socialista rendía cuentas ante la prensa escasos minutos después de que el barón socialista Emiliano García-Page disparara el pistoletazo de salida de la revuelta territorial socialista (obviando la de los barones del PP, el partido que actualmente controla gran parte del territorio autonómico) contra la posibilidad de que se ponga fin al espolio fiscal en Catalunya. "Es una negociación bilateral la que se abriría en este caso con la Generalitat, y también lógicamente corresponde a un espacio multilateral la negociación y el acuerdo del nuevo sistema de financiación autonómica", aseveraba entonces Pedro Sánchez para calmar las voces críticas. Café para todos.
Sánchez ya allanaba el martes el terreno para hacer extensible el acuerdo PSC-ERC a otras comunidades autónomas. Después de una audiencia con Felipe VI en el Palacio Real de la Almudaina, en Palma, también comparecía ante los medios y se pronunciaba sobre el acuerdo alcanzado entre republicanos y socialistas. No especificaba si, en opinión suya, el pacto implicaba la salida de Catalunya del régimen común, aunque recalcaba una idea: "Con el mismo sistema de financiación que tenemos, los ciudadanos han sufrido, vivan donde vivan, los peores recortes con el PP y los mismos avances con el PSOE; lo importante es tener gobiernos autonómicos y estatales que crean en la fortaleza de los servicios públicos, porque no se trata de quién recauda y gestiona los impuestos, sino qué se hace con ellos". Ahora bien, incidía sobre todo en la idea de que el acuerdo socio-republicano garantiza la "solidaridad interterritorial" y la "igualdad entre españoles" en materia económica. Y se comprometía también a velar por las "singularidades", en plural, de todos los territorios en la reforma del sistema de financiación del régimen común.
La revuelta territorial contra la financiación catalana
La posibilidad de que el acuerdo entre PSC y ERC acabe con el espolio fiscal que sufren los catalanes ha hecho poner el grito en el cielo a varios barones territoriales. No solo al PP, sino también al PSOE, e incluso dentro de Sumar. Quien ha alzado más la voz contra este acuerdo ha sido|estado Emiliano García-Page. El presidente castellanomanchego ofreció el miércoles una declaración institucional de urgencia para valorar el "obsceno" pacto al que habían llegado las direcciones de los dos partidos. A pesar de la alta expectativa que había generado su comparecencia, el barón socialista no acabó anunciando nada. Se limitó a disparar a diestro y siniestro, denunciando que "el independentismo se creó para romper España y cumplen su función, pero el PSOE se fundó para luchar contra la desigualdad". Así, animó a sus compañeros de partido a "no tolerar" que Catalunya tenga un sistema de financiación singular.
El otro barón que todavía ostenta un trono autonómico, el asturiano Adrián Barbón, también mostró su indignación este viernes. Su amenaza no se limitó solo a votar en contra de un sistema singular para Catalunya en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. También advirtió que puede acabar llevando a los tribunales el sistema de financiación que Pedro Sánchez pueda acabar entregando a una Generalitat presidida por Salvador Illa. Ahora bien, también afirmaba una cuestión que coincidía en aquella idea utilizada por Sánchez para calmar la parroquia: "Consideramos que hay que reformar el sistema de financiación pensando en la construcción del Estado Federal".
Quien también ha desafiado al máximo dirigente del PSOE ha sido el líder de la sucursal extremeña, Miguel Ángel Gallardo, que este jueves pidió convocar el Consejo de Política Federal de los socialistas, con la intención de que se celebre una reunión entre Pedro Sánchez y los barones territoriales. También Javier Lambán, expresidente aragonés y un histórico anticatalanista crítico de Sánchez, tachó de "inadmisible" el acuerdo PSC-ERC porque representa una "ruptura brutal de la igualdad" entre los ciudadanos del estado español. Paralelamente, el líder del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, aseguró que no "tolerará" el acuerdo: "No podemos coser la unidad territorial de este país por un lado, descosiéndola por el otro". Se pronunció sobre este tema de una forma más moderada el socialista madrileño Juan Lobato, que solo señaló que "el acuerdo no es ideal".
También el andaluz Juan Espadas, que es líder del PSOE en el Senado, se quejó del acuerdo entre socialistas y republicanos, y aseguró que no permitirá "ni agravios ni privilegios" para los catalanes que afecten a los andaluces. Para profundizar en la idea del café para todos, exigió que Andalucía tenga las mismas condiciones que Catalunya. Quien es compatriota de Espadas es Felipe González, expresidente del Gobierno, que ocupa buena posición en el podio de críticos a Pedro Sánchez. Este miércoles se pronunció sobre el acuerdo para investir a Illa diciendo que se siente "muy cerca de Page y Lambán".
La aritmética del Congreso, el otro obstáculo de Sánchez y ERC
Sea como sea, todo indica que una reforma del sistema de financiación tendrá que pasar por el Congreso de los Diputados, donde la aritmética está ajustadísima y cada voto cuenta. Para empezar, haría falta el aval de Junts per Catalunya, que hasta ahora ha criticado el acuerdo entre socialistas y republicanos. Pero el caso es que la fragmentación del grupo parlamentario de Sumar también puede poner problemas en este sentido. Ya hay diputados pertenecientes a formaciones territoriales que han anunciado que, si nada cambia, votarán en contra. Es el caso de Compromís. La parlamentaria Àgueda Micó advirtió que no daría luz verde a cualquier reforma del sistema de financiación que no resuelva de forma singular la infrafinanciación que arrastra el País Valencià.
Jorge Pueyo, diputado de la Chunta Aragonesista en el Congreso (también integrado dentro del grupo parlamentario de Yolanda Díaz) publicó en su cuenta de X (anteriormente Twitter) "que nadie tenga dudas; votaré en contra de cualquier financiación singular mientras no se pongan en marcha las herramientas bilaterales de financiación que figuran en el Estatuto de Aragón". "Solo daremos apoyo a una reforma de la financiación si Aragón se ve generosamente compensado", llegó a dejar por escrito en sus redes sociales.
Hablando de ases a la manga, Marta Rovira dice que ella también tiene uno. Este jueves, en una entrevista en Catalunya Ràdio, la actual líder de Esquerra Republicana aseguró que su partido tiene "un plano B" si alguna de estas formaciones tumba cualquier reforma de financiación que acabe con el espolio catalán.