La Caixa de Solidaritat ha destinado 224.000 euros a ayudar a 130 represaliados durante el 2022, según ha comunicado este viernes la Associació de Foment de la Caixa de Solidaritat. Concretamente, hablamos de 224.472,78 euros repartidos hasta noviembre de la siguiente manera: 105.096,28 euros para defensas, 73.824 para fianzas de responsabilidad civil y 29.714 para sanciones impuestas. La organización ha asegurado que las cifras evidencian "la dimensión de la represión que sigue sufriendo el pueblo catalán desde varios tribunales dentro del ámbito penal y administrativo".
La asociación ha destacado que la Caixa de Solidaritat ha ampliado este año el apoyo hacia los gastos de tratamiento psicológico de las personas afectadas y familiares que así lo necesitan por causa de la persecución política, las agresiones sufridas o los efectos de la represión. "La represión no para y no podemos dejar desamparadas las personas que la sufren", añade la entidad independentista, que reclama que se sigan haciendo aportaciones a la Caixa de Solidaritat para atender a las personas afectadas.
Reivindicar la Caixa de Solidaritat
La organización ha puntualizado que las defensas de los responsables políticos encausados las asumen los mismos partidos, así como que hay abogados de todos Catalunya que se ofrecen a defender personas represaliadas de manera gratuita. Sea como sea, la asociación ha reivindicado la Caixa de Solidaritat como una herramienta "muy necesaria para dar apoyo a las repercusiones económicas que tiene esta represión desatada contra el independentismo". Es en este contexto que ha destacado la importancia del apoyo que ofrecen los grupos de apoyo y los abogados que asumen la defensa sin remuneración.
Respecto de la represión, hay que recordar que este jueves el Senado ha aprobado definitivamente la reforma de la sedición y malversación. Una reforma que también tenía que incluir la modificación de los desórdenes públicos, contra la cual la ANC se manifestó con algunos miles de personas. Fue el pasado 6 de diciembre cuando toda una serie de manifestantes salieron a las calles céntricas de Barcelona para transmitir un mensaje claro: "Ningún pacto con España para encarcelarnos". Después de la movilización, ERC presentó unas enmiendas contra el endurecimiento de los desórdenes públicos y la ANC se anotó el tanto. La presidenta de la entidad independentista, Dolors Feliu, ya había dicho que "la reforma de los desórdenes públicos penaliza los hechos del 1 de octubre". Es decir, que la ley estaba escrita "en clave" para perseguir el referéndum de 2017.