La Caixa de Solidaritat ha depositado 1.055.000 euros para pagar las multas que el Tribunal de Cuentas reclamaba por la consulta del 9-N. Según ha informado la organización a través de un comunicado, aunque las fianzas ya se habían consignado, el Tribunal de Cuentas ha exigido ahora un pago de intereses "contraviniendo la ley, con el fin de provocar el máximo daño posible a las personas imputadas del gobierno del president Artur Mas".

La Caixa ha depositado el dinero a fin de que se levante el embargo que pesa sobre las propiedades de algunos de los afectados. "Así, estas propiedades, que están tasadas con un importe superior, si hiciera falta podrían servir de garantía para cubrir las nuevas fianzas exigidas por el Tribunal de Cuentas por la acción exterior de la Generalitat", ha explicado la Caixa.

Ahora, la defensa de los afectados presentarán recursos y alegaciones para rebajar esta cantidad de intereses y costas, que todavía están pendientes de liquidación definitiva. Y cuando haya sentencia definitiva del Tribunal Supremo confirmando la condena por el 9-N, esta será recurrida por violación de derechos fundamentales.

Doble pago

La Caixa de Solidaritat también ha vuelto a reclamar que el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona devuelva los cerca de cuatro millones que se tuvieron que depositar en relación con los gastos del referéndum del 1-O, y que ya se consignaron por los mismos hechos en el Tribunal de Cuentas. La Caixa ha considerado totalmente desproporcionado que una medida cautelar haga consignar cantidades duplicadas por unos mismos conceptos.

"Cuando el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona devuelva este importe, se destinará a hacer frente a los actuales embates de la represión del mismo Tribunal de Cuentas, si es necesario, y en otras causas de los centenares de represaliados que atiende la Caixa", han añadido.

El resto de represaliados

La organización ha recordado que mantiene una parte de los recursos para ir haciendo frente a las peticiones del resto de represaliados que continúan perseguidos por el Estado y ha agradecido "la solidaridad de los millares de ciudadanos que han hecho y siguen haciendo un esfuerzo para paliar los efectos de la represión". Del mismo modo, ha prometido "hacer todo lo posible para recuperar el dinero destinado a pagar fianzas injustas y conseguir que el estado español acabe siendo condenado por esta extorsión económica.

Por último, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que siga colaborando "para poder atender las necesidades de las personas investigadas por el Tribunal de Cuentas, en previsión de nuevos embargos, y las de centenares de personas encausadas en varios juzgados en Catalunya".

El ICF entra en acción

Precisamente hoy, el Institut Català de Finances (ICF) ha entregado a los abogados de los 29 altos cargos del Govern que se han acogido al Fondo Complementario de Riesgos los avales que tienen que presentar al Tribunal de Cuentas.

Se trata de avales individuales con un importe que se corresponde casi con los 5,4 millones que reclama el órgano fiscalizador al conjunto de los responsables de los gastos de la Generalitat en política exterior entre los años 2011 y el 2017 que están siendo investigados. Cuatro personas han presentado sus propios avales y fianzas.

 

Imagen principal: Mesa electoral y urnas del 9-N / Foto: Efe