Después de que tanto la ANC como Òmnium Cultural hayan tenido que hacer frente a dos multas diferentes por parte del Estado con poca diferencia de tiempo, y que los diferentes imputados por el proceso tengan que afrontar elevadas sanciones económicas aparte de la inhabilitación —entre ellos, Artur Mas, Francesc Homs, Joana Ortega y Irene Rigau—, ahora las entidades soberanistas han decidido poner en marcha una caixa de solidaritat, una iniciativa que pretende "hacer frente a las represalias económicas que reciben personas físicas como consecuencia de actuaciones enmarcadas en el proceso hacia la independencia".
La caixa de solidaridat se ha inaugurado esta mañana y, aparte de tener como responsables a dos personas del ANC y dos de Òmnium, cuenta con la presencia de los expresidents del Parlament Joan Rigol, Ernest Benach y Núria de Gispert como auditores externos e independientes.
El objetivo de la creación de esta caja "de resistencia" es hacer ver en el mundo el "gesto potente de solidaridad, transversalidad y unidad del independentismo". Las entidades soberanistas consideran que las actuaciones por las cuales se les ha multado "tienen que responder a iniciativas acordadas por las entidades y/o partidos soberanistas o bien por seguir el mandato de las urnas y los acuerdos del Parlamento de Catalunya y el govern de la Generalitat en favor del proceso independentista".
El presidente de la ANC, Jordi Sànchez, ha querido dejar claro que el objetivo de la caja es "demostrar que los gritos de 'no estáis solos' no son en vano", mientras que el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, ha puesto de manifiesto que la caja "tiene la vocación de demostrar que eso lo empezamos juntos y lo acabaremos juntos".
Las multas
La primera multa llegó a la ANC el pasado 9 de febrero. El Estado embargó entonces 246.559,13 euros a la entidad soberanista bajo el argumento que tiene que ver con la organización de la gigaencuesta en 2014 por el uso inadecuado de datos personales.
Un día más tarde Òmnium también recibió una multa 240.000 euros impuesta por la Agencia Española de Protección de Datos por el mismo caso. La sanción por el uso de los datos es de 200.000 euros a los cuales se suma un recargo de 40.000 euros por no haber hecho efectivo el pago.
La última les llegó al mismo tiempo. Eran 90.000 euros por entidad, que ya se sumaban a los otros 240.000. Las entidades ya cargaron fuerte contra las sanciones al considerar que conforman "un caso sin precedentes en España", ya que se impone "para tener una base de datos inoperativa a los Estados Unidos durante el periodo de tiempo en que se estaba definiendo el nuevo protocolo internacional sobre datos alojados en ese país".
Inhabilidades
El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJC), Jesús María Barrientos, anunció el pasado 13 de marzo la sentencia que inhabilita por dos años Artur Mas y Joana Ortega por un año y nueve meses y Irene Rigau por un año y seis meses por el delito de desobediencia. Además los condenan a multa económica: Mas de 36.000 euros, Ortega de 30.000 y Rigau de 24.000 euros.
Según el TSJC, Artur Mas "pervirtió los principios democráticos de división y equilibrio entre poderes, e hizo resquebrajar una regla básica e imprescindible por una convivencia pacífica, la que pasa, indefectiblemente, por una sumisión de todos al imperio de la ley y al cumplimiento de las resoluciones judiciales".
La sentencia dice que la intervención personal de Joana Ortega como vicepresidenta del govern fue "decisiva", mientras que a Irene Rigau le atribuye una intervención que fue "decisiva" para abrir los institutos de prácticamente toda Catalunya y sobre todo en el papel que tuvo para "proveer de equipos técnicos todo el proceso de votación".
Por su lado, Francesc Homs fue condenado a un año y un mes de inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos electivos y de funciones de gobierno, por el 9-N y a una multa de 30.000 euros.