"Hemos parado el golpe, pero no hemos resuelto el problema". Así de contundente se ha manifestado este sábado Ernest Benach, vicepresidente de la Asociación Fomento de la Caja de Solidaridad, en una rueda de prensa este sábado por la mañana. Hasta ahora se han podido pagar 5,1 millones de la fianza que el juzgar de instrucción número 13 de Barcelona impuso a los 17 procesados por la organización del 1-O, pero todavía quedan 700.000 euros por pagar, en que se han suplido con embargo. Por eso, desde la Caja de Solidaridad han hecho una nueva llamamiento para conseguir más aportaciones y lovantarlos.

Del dinero que se pedía, 5,8 millones de euros, se depositaron con una aportación dineraria de 5,1 millones, mientras que 0,7 que se han hecho a partir de embargos de propiedades de las personas afectada. La Caixa de Solidaritat hizo una primera aportación hace unos días y este jueves pudo pagar los 2,1 millones que faltaban. Sin embargo, todavía quedan los 700.000 euros, por lo que la asociación ha hecho un nuevo llamamiento a la solidaridad con el fin de alcanzarlos y levantar los embargos de las propiedades de los encausados.

Asimismo, han manifestado que se tiene que ir más allá "para dar respuestas a todas las agresiones que hay y la represión que se está sufriendo". En este sentido, Benach ha señalado que son muchas las demandas que les llegan de particulares y personas que no tienen ninguna responsabilidad ni políticas ni institucionales y que no forman parte de ningún partido político y raíz del 1-O se presentan denuncias y casos que están vivos en los juzgados. Por eso, ha manifestado que se necesitan estos 700.000 euros para levantar los embargos de las propiedades de los encausados, pero ha alertado de que se tiene que ir más allá porque eso no se acaba. Tenemos que dar respuestas a todas las agresiones que hay y la represión que se está sufriendo".

El vicepresidente de la Asociación Fomento de la Caja de Solidaridad ha destacado que "todavía hay gente que sufre con su cuenta corriente particular y propiedades concretas que han sido embargadas y el objetivo es resolverlo definitivamente". En este sentido, ha pedido "la colaboración de la buena gente de este país".

Por su parte, el vicepresidente de Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ha criticado que el estado español sigue vulnerando los derechos fundamentales y ha puesto como ejemplo la suspensión de los diputados que "representan más de un millón y medio votos sin ningún tipo de rubor, alternando las mayorías parlamentarias". Además de pedir "seguir llenando" la Caja de Solidaridad, Mauri ha reclamado "responder masivamente en las urnas ante los nuevos ataques que está haciendo el Estado".

Desde la ANC, su presidenta, Elisenda Paluzie, ha señalado que lo que está pasando al juzgado número 13 con la fianza por responsabilidad civil es "un ejemplo flagrante de vulneración de derechos fundamentales. Estamos en el campo de la vulneración al derecho a un juicio justo y la falta de garantías procesales".

Por otra parte, Núria de Gispert, presidenta de la Asociación Fomento de la Caja de Solidaridad, ha cargado contra la justicia española. "En menos de 10 años la justicia española ha bajado abajo de todo y está al lado de Turquía, no se puede comparar ni con Inglaterra, Alemania y Francia". En este contexto, también ha criticado que la suspensión de los presos independentistas "es vergonzoso".

En los últimos dos años, desde que se creó la Caja de Solidaridad a raíz del 9-N, se han conseguido unos 12 millones de euros.