La vicepresidenta española, Carmen Calvo, ha intentado presionar nuevamente a Bélgica, en esta ocasión en un artículo en el diario Le Soir. Calvo ha asegurado que la entrega del president Carles Puigdemont a España "es una prueba de fuego para la cooperación judicial europea". La vicepresidenta ha hecho las declaraciones cuando el PSOE está buscando acuerdos para su investidura, para la que sobre el papel necesita el concurso del independentismo catalán.

Calvo pide en el artículo que la Justicia belga muestre "el mismo respeto" hacia las decisiones de los tribunales españoles, que España "tiene hacia la independencia del poder judicial belga". "El funcionamiento correcto de la cooperación judicial en Europa no es un asunto que concierne exclusivamente a Bélgica y a España. Es una prueba de fuego para el espacio europeo de libertad, seguridad y justicia en su conjunto", insiste la número dos del gobierno de Pedro Sánchez.

"A pesar de las informaciones falsas y la propaganda difundidas por los secesionistas, esta sentencia (del Supremo) es el resultado de un procedimiento judicial transparente, público (retransmitido en directo íntegramente y accesible a más de 170 medios de comunicación acreditados) y dotado de todas las garantías del Estado de Derecho", afirma la vicepresidenta española. Calvo precisa que no se reclama a Puigdemont, Comín y Lluís Puig por haber convocado un referéndum, sino por una "sucesión coordinada de actos que llevaron a la declaración unilateral e inconstitucional de la independencia de Catalunya el 27 de octubre del 2017".

Para eso, continúa la vicepresidenta, el Parlament catalán adoptó en septiembre de 2017 una ley para convocar un referéndum de autodeterminación, y "otra para la abolición de la Constitución española y el Estatuto de Autonomía de Catalunya". "Estas leyes fueron adoptadas en ausencia de parlamentarios de oposición no nacionalistas (sic), que, al ser privados, de hecho, de la posibilidad de presentar enmiendas, se retiraron de la cámara", recuerda. No hace ninguna mención, sin embargo, a la persecución judicial que sufría el Parlamento en sus trámites y decisiones.

Una vez que estas leyes se publicaron en el Boletín Oficial, fueron declaradas nulas por el Tribunal Constitucional, de manera que el procés, asegura Calvo, se puso en práctica despreciando el estado de derecho y la independencia de las decisiones de la Justicia" española.