Sin Pedro Sánchez, que se encuentra en la cumbre iberoamericana de Andorra, la sesión de control de este miércoles en el Congreso ha dado muy poca cosa. El pleno se ha centrado en la campaña madrileña, especialmente después del cartel de Vox contra los menores extranjeros no acompañados, que la Fiscalía investiga por un posible delito de odio. La extrema derecha ha vuelto a criminalizar a los denominados MENA. Y ha recibido una respuesta frontal del Gobierno, a través de la vicepresidenta primera Carmen Calvo: "Ustedes no deberían tener cabida en la política". Fernando Grande Marlaska los ha calificado de "fascistas". A todo esto, aunque Unidas Podemos se ha dirigido a ellos, la junta electoral no hace nada contra el racismo en pleno centro de la capital española, y fuentes del ejecutivo denuncian la "inacción".
El cartel electoral racista está colgado en la estación de Renfe de la Puerta del Sol, una de las más transitadas de la capital española. Y se puede leer: "Un mena, 4.700 euros al mes. Tu abuela, 426 euros de pensión al mes". El ministerio público ya lo está investigando. La Fiscalía Provincial de Madrid ha incoado diligencias de investigación por un presunto delito de odio. Hoy en el Congreso, la formación de Santiago Abascal se ha reafirmado en su campaña de criminalización.
En el Gobierno hay cierto malestar por el cartel contra los menores no acompañados. Si bien la Fiscalía ha abierto diligencias de investigación por un posible delito de odio, la Junta Electoral Provincial de Madrid (JEPM) no ha movido todavía uno solo dedo. Fuentes del ejecutivo aseguran que la JEPM tendría que haber actuado de oficio. "Es de manual", afirman desde La Moncloa. No obstante, lamentan, últimamente la junta electoral "mira hacia otro lado".
Frente a esta inacción, la candidatura de Unidas Podemos ha registrado una reclamación ante la Junta Electoral Provincial para que tome medidas "urgentemente" ante esta campaña, "de marcado carácter discriminatorio y xenófobo" y que "incita al odio y la violencia". Concretamente reclaman "la retirada inmediata de la publicidad electoral" de la formación de extrema derecha.
Por su parte, las ministras de Derechos Sociales y de Igualdad, Ione Belarra e Irene Montero, han anunciado este mismo miércoles que llevaban la propaganda racista a la Fiscalía. Han avisado de que esta mensajes "no tienen cabida en la sociedad española" y han garantizado que el Ejecutivo central les harán frente.
Debate en el Congreso
El portavoz ultra en la cámara baja, Iván Espinosa de los Monteros, ha defendido este miércoles los datos manipulados —que en realidad es lo que se destina a los centros que les dan cobertura—, asegurando que los cálculos de los 4.700 euros salen de unos "excels" en base a "documentos oficiales de la Comunidad de Madrid". El diputado de extrema derecha ha acusado a La Moncloa de "traer" a estos menores a España, en las condiciones en que lo hacen, hecho que "les tendría que dar vergüenza". Y ha denunciado que el Estado supuestamente no tiene dinero para los españoles, "pero sí para los mena".
La respuesta, contundente, la ha recibido de parte de Carmen Calvo, que les ha dicho que son "el partido de la inhumanidad y el odio". En este sentido, la vicepresidenta primera del Gobierno ha criticado que la formación ultra "señale a niños y niñas que vienen a nuestro país en situaciones terribles, habiendo sido objeto de delitos gravísimos durante el tráfico". Calvo les ha rebatido que "los derechos de estos niños no se pueden contraponer a un discurso contable y económico, sino el del dolor y desamparo". Y les ha lanzado: "Ustedes no tendrían que tener cabida en la política de este país".
También el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha dado respuesta a la campaña racista de Vox. Los ha avisado que su Ministerio y los cuerpos de seguridad del Estado vigilarán "para que estos menores no acompañados y las personas con diversidad de género, de orientación sexual, ideológica, religiosa o de cualquier tipo no sean señalados por fascistas como ustedes". La ministra de Defensa, Margarita Robles, también les ha situado "fuera de los estándares mínimos de la democracia".