Todo aquello que no debería pasar en un juzgado, concentrado en unos minutos de vídeo. Una cámara de la Audiencia Nacional que quedó activada durante la pausa de un interrogatorio que presidía el juez Manuel García-Castellón —en este caso no sobre la operación Catalunya, sino sobre los trabajos del excomisario José Manuel Villarejo en la llamada pieza Iron— muestra lo que ocurre cuando acaba de declarar un investigado. Ni el juez ni los fiscales quedan demasiado bien parados. El vídeo, al cual ha tenido acceso ElNacional.cat, expone como tan pronto como la persona interrogada abandona la sala, los fiscales hacen befa, mientras el juez se acerca y se suma a los comentarios. La conversación no queda aquí, y el audio hace evidente como, acto seguido, los fiscales Anticorrupción aleccionan al juez sobre los pasos a dar en la investigación, cuando la instrucción es su potestad.
 

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La grabación se produjo el 6 de febrero del 2019. Según el vídeo, eran las 17.20 de la tarde. Las imágenes empiezan justo en el momento en que acaba la intervención del investigado, y el juez le ordena con tono muy seco que se marche. En este punto, la grabación se tendría que haber detenido, pero continúa. Se oye como los fiscales Anticorrupción Miguel Serrano e Ignacio Stampa —encargados de la macroinvestigación Tándem contra Villarejo hasta el año pasado— se ríen, y se observa como el juez abandona su sitio para dirigirse a la mesa dónde estos están ubicados y se suma a los comentarios. "Muchas gracias, chicos, ya está", se oye que dice al juez con ademán distendido y moviendo la mano, mientras los fiscales siguen riendo. En particular, el veterano fiscal Serrano gesticula de manera muy ostensible, como si se muriera de la risa, apoyado encima de la mesa. "Sois muy sensibles", se oye que dice uno de los presentes.

A la pieza Iron, la Audiencia Nacional condenó Villarejo a cuatro años de prisión por revelación de secretos y a tres años más de prisión por falsedad continuada en documento mercantil por haber obtenido datos tributarios de un despacho de abogados.

 

Un requerimiento muy específico

En el vídeo, el abogado de la defensa no está presente en la sala. Pero eso no impide que los fiscales aborden el caso con el juez e incluso lo aleccionen, planteándole la necesidad de hacer un requerimiento. "Antes del requerimiento al banco, en un auto usted nos da todo esto muy específico, porque tendremos que ser muy precisos", le aconsejan. "¿Un requerimiento?", pregunta el juez, y el fiscal Serrano insiste que sí "un requerimiento al banco", mientras García-Castellón asiente. "Que sí, que sí, que he hecho muchos ya", añade. A lo largo de la conversación, se escucha como juez y fiscales acuerdan el calendario y hablan de la "cobertura jurídica".

Es habitual que jueces y fiscales intercambien su posicionamiento sobre una investigación en curso, pero el papel del magistrado es ordenar o denegar actuaciones que le pide la Fiscalía y las partes, no a la inversa. El titular de un juzgado es quien dirige la investigación, que tendría que ser como un árbitro, y no como parte inquisitiva, como hace la Fiscalía.

Un juez cuestionado

El titular del juzgado central de instrucción 6 de la Audiencia Nacional ha sido bastante cuestionado por no haber querido investigar la Operación Catalunya, a pesar de tener toda la información, como hace tres semanas que publica ElNacional.cat. Además, últimamente se lo ha acusado de lawfare después de que el 6 de noviembre pasado reactivara la causa de Tsunami Democràtic para imputar el delito de terrorismo al president en el exilio Carles Puigdemont, a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, al diputado Ruben Wagensberg (ERC), y otras nueve personas más, justo cuando Junts y el PSOE cerraban un acuerdo para sacar adelante la ley de amnistía. Y, a medida que se pulía la ley de amnistía, el magistrado añadía una nueva resolución para torpedearla. Este lunes, García-Castellón ha dictado la prórroga de la investigación de Tsunami seis meses más por las diligencias que ha encargado él mismo a última hora. El magistrado también ha procesado por terrorismo a los 12 CDR encausados en la operación Judas, pendientes de juicio y también de poder ser incluidos en esta ley del olvido de los actos del Procés.

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