El conseller de Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, ha sacado pecho hoy con el decreto que ha aprobado el Govern para responder a la sentencia que imponer un 25% de castellano en las aulas y ha asegurado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell Executiu que el Govern actuará como "escudo legal y jurídico de los centros educativos". No obstante, al ser preguntado sobre qué pasará si de nuevo el TSJC se dirige directamente a un centro educativo concreto para requerirlo a cumplir la sentencia, ha admitido que su departamento tendrá que hacer como hasta ahora: "acompañamiento".
Después de que el TSJC dio un plazo que acaba hoy para dar cumplimiento a la sentencia que impone un 25% de castellano en las escuelas, Cambray ha hecho saber al tribunal que el Govern ha aprobado un nuevo decret, que se han enviado instrucciones a los centros para adaptarse a la nueva norma, y que, además, se está preparando un decreto que despliega el régimen lingüístico del sistema educativo previsto a la ley de Educación del 2009.
El conseller ha comparecido hoy después de que el decreto se aprobó ayer en una reunión extraordinaria del Consell Executiu y ha explicado las instrucciones que su departamento ha hecho llegar a los centros. Cambray ha insistido en que el decreto fija los criterios aplicables para la validación de los proyectos educativos de cada centro; que una vez validados, el departamento de Educación "asume toda la responsabilidad sobre la legalidad de los proyectos lingüísticos", que el Govern hará lo que haga falta para proteger al 100% a los centros y que les ofrecerán máxima protección jurídica e instrucciones claras de cómo tienen que actuar.
Ha recordado que el decreto señala la inaplicabilidad de las cuotas lingüísticas que impone el TSJC, pero ha evitado hablar de desobediencia al tribunal; y ha reiterado que "desde el primer día" el Govern había dejado claro que lucharía con todas las herramientas y buscando con máximo consenso pedagógico, social y político para responder a la sentencia.
Los docentes no pueden cambiar de lengua
El conseller ha explicado que el cuestionario que se ha hecho llegar a los centros los emplaza a verificar que sus proyectos lingüísticos se adecuan a la nueva normativa, y que el servicio de inspección educativa se encargarán de garantizar el cumplimiento de los proyectos lingüísticos validados. En este sentido, ha advertido que es muy importante que los proyectos lingüísticos se cumplan en las aulas y que los docentes no pueden optar por dar la clase en una lengua diferente a la que indica.
Aparte de insistir una vez y otra que la conselleria asume toda la responsabilidad sobre los proyectos educativos que valida, Cambray ha subrayado que, una vez se aprueba la nueva normativa, también el tribunal de justicia tiene que velar para que se cumpla la legislación vigente. No obstante, al ser preguntado sobre qué pasará en caso de que un tribunal se dirija directamente al responsable del centro para exigir el cumplimiento del 25% de castellano, ha explicado que la respuesta será la misma que antes del decreto. "Lo mismo que se está haciendo ahora. Comunicarlo y nosotros le acompañaríamos", ha remachado.