El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha enfriado este lunes la posibilidad de que su ejecutivo apruebe la reforma de los delitos de sedición y rebelión antes de fin de año. En un desayuno informativo en Madrid ha admitido que el compromiso de su gobierno es dar luz verde a la reforma antes del 31 de diciembre pero "no me sentiré en absoluto incumplidor si este plazo no se cumple y de aquí poco se hace". "Es un compromiso de legislatura y se hará", ha prometido. Con respecto a los indultos ha apuntado que no sabe cuándo estarán resueltos, porque el Ministerio de Justicia "es un mero impulsor" del expediente y el Tribunal Supremo tiene ahora sobre la mesa la obligación de emitir un informe que su gobierno estudiará.
Campo ha anunciado también que la reforma del Código Penal sobre estos delitos irá acompañada también de un reforzamiento del delito de desobediencia por incumplimiento de los mandatos del Tribunal Constitucional.
"Somos conscientes de que hay que hacer una revisión, y será la que las cámaras quieran" pero "hay que actualizar para adecuarlos". No ha cerrado la puerta a recuperar el delito de convocatoria ilegal de referéndums: "Es una figura que se puede analizar", ha sentenciado, y "no hay nada cegado al debate jurídico" pero no hay que "cazar pájaros a cañonazos".
Con respecto al president Puigdemont, Campo ha afirmado que la Constitución establece que si hay una modificación legislativa que es más beneficiosa, si hubiera una adecuación a los código penal alemán o francés el Tribunal Supremo tendría que revisar si es aplicable a la sentencia.
Con respecto a los indultos el ministro ha evitado dar ningún detalle. "Cuando llegue el momento consideraremos uno a uno si son acreedores del derecho de gracia", ha dicho, "y por lo tanto no me pronunciaré nunca" sobre los procedimientos judiciales. "El Supremo dirá lo que tenga que decir" y el gobierno decidirá.