La investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno ha dado paso, de forma inmediata, al registro y al inicio de la tramitación urgente de la proposición de ley de amnistía en el Congreso de los Diputados. Es tan solo el comienzo formal de la ley que, según algunas voces, será la más importante desde que se aprobó la Constitución española. Vista su trascendencia política y social, hasta que entre en vigor -si es que se acaba aprobando- y los beneficiados noten su efectos, el camino se avista tortuoso, como un campo de minas, plagat de obstáculos políticos por parte de la derecha y la extrema derecha y de recursos al Tribunal Constitucional. Si no hay ningún contratiempo, la ley de amnistía se podría publicar en el Boletín Oficial del Estado al principio de abril, cosa que abrirá el periodo de dos meses de que disponen a los jueces para aplicarla, tal como recoge el texto de la misma norma, y a partir de entonces la actitud de los tribunales para hacerla efectiva será determinante con respecto al calendario.
El aval de la Mesa del Congreso -gracias a la mayoría del PSOE y Sumar y después de la luz verde de los servicios jurídicos- para echar la maquinaria parlamentaria a perder es el kilómetro cero de la tramitación, que se ha ratificado por la vía de la urgencia que habían solicitado tanto el PSOE como sus socios de investidura. Eso supondrá que los plazos parlamentarios se reduzcan a la mitad, que se acelere la presentación de enmiendas a la totalidad y parciales por parte de los grupos políticos, que se porte a la ponencia y a comisión más rápido y se adelante el debate al pleno. Los cálculos del PSOE es que los 178 votos de los socialistas, Sumar, Junts, ERC, EH Bildu, PNV y BNG sirvan para ratificarla, en primera instancia, en el Congreso de los Diputados a finales de diciembre.
Todos estos pasos suelen alargarse un mes, pero los tiempos se pueden enquistar teniendo en cuenta que enero es un mes inhábil para la actividad parlamentaria, aunque la Mesa podría decretárlolo excepcionalmente hábil. La legislatura todavía está en mantillas, pero el motor parlamentario se empezará a engrasar en pocos días. El primer paso será la toma en consideración, prevista para el primer pleno ordinario de la legislatura, el 12 de diciembre, que se tendría que saldar con el aval de la mayoría absoluta de 178.
Ante esta primera fase en el Congreso, el Partido Popular ya ha empezado a mover hilos para poner palos en las ruedas. La ofensiva será a todos los niveles. Lo primero que harán, según explicó este martes la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, es reclamar a la Mesa que reconsidere la admisión a trámite de la proposición de ley, como paso imprescindible para garantizarse la posibilidad de acudir al Tribunal Constitucional (TC) a través de un recurso de amparo. Solo frenaría la ley si el PP pidiera medidas cautelares y el TC las aceptara, cosa altamente improbable visto la larga argumentación de los letrados.
En el supuesto de que el Congreso la validara a finales de diciembre o enero como mucho, el texto viajará a partir de febrero al Senado, donde sí que se desplegará un campo de minas para frenar al máximo la tramitación de la controvertida ley. Para empezar, el PP ha hecho valer la mayoría absoluta para aprobar una reforma del Reglamento para tener la potestad de decidir que la amnistía se tramita por la vía ordinaria. Eso hará que la norma esté en la cámara alta alrededor de dos meses, en lugar de los veinte días que se estipulaban antes de la reforma.
Según el PP, la modificación del reglamento permitirá "cubrir la falta de dictámenes y opiniones de expertos al ser tramitada como proposición de ley y no como proyecto de ley", a la vez que afirman que tramitar por el procedimiento de urgencia "genera inseguridad jurídica y error en la redacción de las leyes". De hecho, con el afán de escrutar la ley de arriba abajo y no dejar pasar ni una, el PP ha creado un equipo de trabajo al Senado para hacer un seguimiento esmerado de la tramitación.
Después de estos dos meses, los conservadores previsiblemente impondrán la mayoría en el Senado, aprobarán enmiendas totales y, hacia abril o mayo, acabarán devolviendo la ley al Congreso de los Diputados, que tendrá que volver a articular a la mayoría de los 178 de parlamentarios para levantar el veto y, a continuación, la ley de amnistía quedará aprobada, se publicará en el Boletín Oficial del Estado y el rey Felipe VI la sancionará. El Senado podrá retrasar el procedimiento, pero no lo podrá bloquear dado que el sistema parlamentario español es bicameral asimétrico.
La hora de los tribunales
Después de las Cortes, la pelota pasará al tejado de los tribunales, que la tendrán que hacer efectiva sobre los beneficiados. El encargo que reciben es que, "con carácter preferente y urgente", lo tienen que aplicar los jueces que hayan dictado sentencias o que tengan procedimientos abiertos contemplados por la amnistía. Según el redactado, tendrán que dejar los procedimientos sin efectos de oficio o a petición de las partes en un plazo de dos meses, independientemente del momento procesal y sea del ámbito penal, civil, administrativo o contable, como el abierto en el Tribunal de Cuentas.
Las consecuencias es que los jueces tendrán 60 días para dictar resoluciones poniendo fin a las penas, acordando el sobreseimiento definitivo de las causas, la eliminación de los antecedentes penales o de las penas de inhabilitación. Uno de los efectos inmediatos será que decaigan las órdenes de busca y captura que todavía persiguen a Carles Puigdemont y el resto de exiliados en el extranjero por parte del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena. Así pues, la decisión de los jueces determinará si dirigentes como Oriol Junqueras, todavía inhabilitado por el Tribunal Supremo, se pueden presentar a unas elecciones o acceder a un cargo público. En el caso de Puigdemont, procesado por el Supremo y sin condena, continuará encausado, pero sin medidas cautelares, cosa que le permitiría volver a Catalunya sin riesgo de ser capturado.
¿Y en qué punto puede haber más obstáculos? Tan pronto entre en vigor, el PP o las comunidades autónomas pueden presentar un recurso de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional. De hecho, si se llega a este punto, los populares ya han prometido que acudirán el órgano de garantías constitucionales, aunque estos recursos no tienen la capacidad de paralizar la aplicación efectiva.
En cambio, los jueces que tienen procedimientos afectados sí que tienen una herramienta para suspender temporalmente los efectos de la amnistía. Cuando llegue su turno pueden plantear una cuestión de inconstitucionalidad al TC si tienen dudas de su encaje legal con la Carta Magna o una cuestión prejudicial en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para comprobar que se acuerda al derecho comunitario europeo. En este caso, la deliberación de estos órganos se puede alargar durante meses y, según el diario El País, podría durar medio año, cosa que trasladaría la aplicación de las consecuencias a finales del 2024.