Lejos de tender puentes con el independentismo, Juan Carlos Campo ha acabado de tensar las costuras. El ministro de Justicia ha sido interrogado por la CUP sobre dónde ha quedado la promesa desjudicialización del conflicto catalán. El ministro socialista ha respondido a la defensiva. Se ha servido del ejemplo de Meritxell Serret, que la semana pasada volvió a Catalunya y quedó en libertad, para negar que el Estado español sea "represor" y también para desmentir que haya "presos políticos". No se ha quedado aquí, sino que ha acusado a los anticapitalistas de "contaminar el discurso".
Concretamente, el diputado cupero Albert Botran ha denunciado que el Gobierno, en contra de lo que prometía, se "esconde tras las togas" y de una mesa de diálogo entre el Estado y la Generalitat "que hace más de un año que no se reúne". Se ha preguntado dónde han quedado los compromisos de reformar la rebelión y la sedición, o de tramitar los indultos a los presos políticos. En este contexto, Botran ha denunciado la falta de voluntad política del ejecutivo central. Y ha remachado: "Tienen la ocasión de dar un paso sincero en esta desjudicialización con una amnistía que permite un paso adelante, porque con la represión ni han conseguido ni conseguirán acabar con nosotros". Sin embargo, la ley de amnistía registrada por el independentisme se estrellará contra el muro del PSOE.
Lejos de recoger el guante, Juan Carlos Campo se ha aferrado justamente al retorno de Serret del exilio. Lo ha descrito como "una persona huida que viene, se presenta ante el Tribunal Supremo, declara, se va en libertad y recoge su acta". Todo esto, ha argumentado, demuestra que "España es una democracia plena que se legitima por el respeto a los derechos fundamentales, donde hay separación de poderes". Ha rebatido al independentismo que él no "intercederá" ante los procesos y decisiones judiciales".
El ministro de Justicia ha jugado hoy al ataque, lamentando que para la CUP "sólo haya su tema". Ha acusado a los anticapitalistas por su "manía persecutoria" que "contamina el discurso". En este sentido, Campo ha avisado que no "consentirá" que se hable de "presos políticos" en España. Dicho todo esto, ha hecho una discreta apuesta por un "diálogo sincero y constructivo para resolver el conflicto catalán dentro de la Constitución y las leyes".
Mientras tanto, la carpeta de los presos políticos independentistas continúa congelada por el Gobierno, y todo hace pensar que el clima preelectoral en la capital del Estado lo seguirá aplazando. De hecho, el mismo Campo prometió llevar la reforma de la sedición al Consejo de Ministros antes de acabar el año 2020. Este plazo se incumplió y, desde entonces, no ha habido ninguna previsión más temporal. Los indultos, por su parte, están a la espera del informe de la Abogacía del Estado, que depende del Ministerio de Justicia.