La consellera de Territori en funciones, Ester Capella, ha asegurado que existe una "dejadez permanente y constante" en Rodalies por parte del Gobierno y ha reclamado acelerar el traspaso del servicio a la Generalitat, para que sea inmediato. "Ya es suficiente con utilizar un ventilador diciendo que la culpa es de otro y no aportar soluciones", ha exclamado Capella este viernes en una jornada de celebración del 20.º aniversario de la Ley de Movilidad de Catalunya en el Instituto Cartográfico de Barcelona, desde donde ha vuelto a responsabilizar directamente de las carencias, incidencias y averías de Rodalies a Adif y Renfe como operadores del servicio.
Capella, responsable de la conselleria que gestiona la movilidad ferroviaria bajo control de la Generalitat, ha culpado al Ejecutivo estatal de Pedro Sánchez de no ejecutar la inversión prevista para Rodalies, lo que ha provocado, asegura, una falta de mantenimiento y que las incidencias se conviertan en una "catástrofe" diaria. Para Capella, "un mantenimiento adecuado en las instalaciones habría evitado seguramente el caos", en referencia a la grave incidencia que se produjo el domingo electoral y que todavía dura, sobre el cual el ministro de Transportes, Óscar Puente, insinúa que ha podido haber un sabotaje intencionado.
La consellera ha afirmado que es "inaplazable" encontrar soluciones para que las incidencias no se repitan y ha pedido que el traspaso de Rodalies sea inmediato. "Reclamamos también que haya lealtad institucional y, por lo tanto, que también hagan el favor de ponerse las pilas", a la vez que ha criticado que el Gobierno no haya pedido disculpas a los afectados por las últimas incidencias.
Auditoría "exhaustiva" a Rodalies
Con motivo de las últimas incidencias graves que han afectado al servicio de Rodalies, precisamente ayer jueves la Conselleria de Territori anunció al Gobierno a través de una carta dirigida al secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, que la Generalitat licitará una "auditoría exhaustiva" del servicio ferroviario que gestionan Renfe y Adif. Se trata de una acción que está contemplada en el acuerdo de traspaso del servicio ferroviario firmado entre ERC y PSOE en el marco de la investidura de Pedro Sánchez. El objetivo de la auditoría sería evaluar el estado actual de la infraestructura, detectar los elementos que no cuentan con las medidas de seguridad adecuadas y así identificar áreas susceptibles de mejora.