La consellera de Justicia, Ester Capella, se ha mostrado indignada con el Tribunal Supremo por haber advertido a los funcionarios penitenciarios que pueden incurrir en un delito de prevaricación si acuerdan que los presos políticos puedan pasar el confinamiento en casa. "No podemos tolerar amenazas ni coacciones en los centros penitenciarios", ha soltado Capella en un vídeocomunicado colgado a las redes sociales.

La consellera ha defendido que los trabajadores de los centros penitenciarios siempre trabajan con "independencia, criterios objetivos y teniendo en cuenta la ley" y se ha preguntado si no todos los presos tienen que ser tratados igual. "Es inaudito que una nota de prensa señale únicamente a los presos políticos de los 101 con 100.2. ¿Es que no tienen los mismos derechos que todo el mundo"?, se ha preguntado Capella, muy crítica con el Supremo.

La polémica llega después de que las prisiones hayan empezado a analizar si los internos clasificados en 100.2 pueden pasar el confinamiento en su casa, Los requisitos para acceder son tener un bajo riesgo de reincidencia y disponer de un domicilio. Los principales beneficiados de la medida son los presos que están en tercer grado, el 69% de los cuáles ya se encuentran en confinamiento en casa suya, pero también se podrían añadir los 100.2, clasificación en que se encuentran los independentistas presos.