Entre paliza y paliza, tuvieron la gentileza de traerle los dos esprays que necesita para el asma. Solo había un problema: antes los habían vaciado expresamente. Aunque no veía nada, porque tenía los ojos vendados, lo sabía porque había oído el ruido de cómo se vaciaban.
Jaume Oliveras, primer concejal electo que tuvo la CUP, era entonces un simple militante de la izquierda independentista, del Moviment de Defensa de la Terra (MDT). Salía de la sede de la ronda de Sant Pere, en Barcelona, cuando fue detenido a punta de pistola el 1 de julio de 1992 a las siete de la tarde. Estaban organizando las Marchas por la Independencia. Con motivo de los Juegos Olímpicos querían reivindicar el derecho de autodeterminación de Catalunya. Fue una vez dentro del coche en que lo habían metido que se identificaron: eran agentes de la Guardia Civil. Bajo la ley antiterrorista, estaba acusado de pertenecer a Terra Lliure.
Entre golpes, siempre con los ojos tapados, lo trasladaron al cuartel de Barcelona. Allí empezaron los interrogatorios, con los esprays vacíos. En varias ocasiones lo amenazaron con hacerle la "bañera". De madrugada fue trasladado a Madrid, donde pasó tres noches antes de declarar en la Audiencia Nacional e ingresar en la prisión de Alcalá-Meco. "Aunque cuando lo pedía me daban los medicamentos para el asma, de nada sirvió, porque me hicieron la 'bolsa' unas cuantas veces", relata Oliveras.
"Estuvieron a punto de hacerme la 'bañera', llegando incluso a tirarme agua por encima", continúa el hoy alcalde por ERC de El Masnou, en el Maresme. También lo amenazaron con aplicarle electrodos. "Psicológicamente quedé destrozado. Me amenazaron con que, si no les decía lo que querían que dijera, me lanzarían al puerto de El Masnou hasta ahogarme", añade. Finalmente, la Guardia Civil consiguió una declaración autoinculpatoria, que fue una "auténtica farsa", según el mismo detenido.
Con los Juegos Olímpicos de Barcelona a las puertas, había muchos nervios entre las autoridades españolas. Entre las autoridades políticas, pero también entre las autoridades judiciales. Es así como el 29 de junio se desencadenó la después denominada Operación Garzón, dirigida por el juez Baltasar Garzón. El objetivo, al menos oficialmente, era dar un golpe a la organización Terra Lliure, aunque esta había anunciado ya su disolución. La banda terrorista, que contó más muertos entre sus propias filas por accidente que fuera de estas (una sola persona), ya estaba en plena decadencia.
A pesar de todo eso, la operación fue llevada a cabo, en tres fases: la primera, entre el 29 de junio y el 14 de julio de 1992; la segunda, el 25 de septiembre, después de los Juegos Olímpicos, y la tercera, el 8 de diciembre. Fueron detenidos miembros de Terra Lliure, pero las detenciones fueron mucho más allá de la organización. También fueron detenidos periodistas del diario El Punt y el semanario El Temps y miembros del MDT, los Comitès de Solidaritat amb els Patriotes Catalans, ERC y el Partit Comunista de Catalunya. De hecho, con el tiempo, la mayoría acabaron siendo absueltos o indultados. En total, 45 detenidos: seis en el País Valencià y el resto, en el Principat. El objetivo estaba claro: el incipiente y residual movimiento independentista que quería reivindicarse en ocasión de los Juegos Olímpicos. Muchos de los detenidos, como Jaume Oliveras –que niega todo vínculo con Terra Lliure-, denunciaron haber sido torturados. Nadie les hizo caso.
"Fue un golpe de efecto antes de las Olimpiadas para 'poner orden' y que no hubiera ningún incidente de ningún tipo", asegura Jaume Oliveras, que pasó dos años en prisión. Y añade: "Podíamos ser críticos con los Juegos, pero no era una cosa opuesta frontalmente. Era una campaña donde aprovechábamos para reivindicar el derecho a la autodeterminación, que estos días, 25 años más tarde, está plenamente vigente".
Todo un sistema de encubrimiento
El mismo le pasó a Eduard López. La policía lo "secuestró". A efectos de su familia, de su entorno, fue así. Entonces era corresponsal del diario El Punt en Barcelona. Eran las once y media de la noche, estaba en casa, y llamaron al interfono. Le dijeron que una supuesta "amiga de Vic" lo quería ver y bajó. Lo metieron en un coche detenido bajo la ley antiterrorista, acusado de pertenecer a Terra Lliure. Era un simple militante del MDT y colaboraba con los Comitès de Solidaritat amb els Patriotes Catalans. De hecho, acabó siendo absuelto. Una vez arrestado, entró directamente en régimen de incomunicación. Durante 48 horas nadie supo nada de él. "Se podían creer que me había marchado a por tabaco tabaco y no había vuelto", dice López, que hoy es vicesecretario general de acción política de ERC.
Primero lo llevaron al cuartel de la Guardia Civil de la avenida de Madrid, y después directamente a la capital española. También denuncia haber sido torturado. Durante toda la primera noche, aparte de recibir golpes y patadas, fue obligado a permanecer de pie, sin sentarse. Al día siguiente aumentaron los golpes, lo amenazaron con hacerle la "bolsa". También la "bañera" y meterle la cabeza en una taza de inodoro. Eso fue en Barcelona; en Madrid, todavía fue más violento. Incluso lo amenazaron con aplicarle electricidad si no "colaboraba". En total fueron tres días y medio que, 25 años después, recuerda perfectamente.
Su caso acabó en la Audiencia Nacional, donde declaró ante el juez Baltasar Garzón. De allí salió a la calle con libertad condicional bajo fianza. En una entrevista con Jordi Évole en el 2012, Garzón decía que "de las personas que comparecieron ante mí, ni una sola, ni una sola, denunció torturas". Eduard López lo desmiente: "En el momento en que declaré, dije que mi declaración estaba contaminada, porque había sido sometido a torturas. El juez Garzón tomó nota". Otros detenidos relatan lo mismo.
Sin ir más lejos, hay documentos que corroboran esta versión. La periodista Sònia Bagudanch los hizo públicos por primera vez en el 2013 en su libro Et presento el jutge Garzón (Edicions Saldonar). Estos documentos son las declaraciones que hicieron diez de los detenidos en el despacho de Garzón en la Audiencia Nacional. Estas declaraciones, que incluyen las denuncias de las torturas sufridas, van firmados por los detenidos y por el mismo juez. Garzón lo sabía, pero nunca abrió una diligencia para investigarlo.
Uno de los documentos firmados por el juez Garzón a los cuales tuvo acceso la periodista Sònia Bagudanch
Todos los detenidos fueron examinados por la médico forense de la Audiencia Nacional, Leonor Ladrón de Guevara, que vio el estado en el que llegaban algunos detenidos. A pesar de eso, no reportó torturas. Su informe sería después cuestionado por el Tribunal de Estrasburgo, que no lo consideró una investigación efectiva. "Me hizo una revisión y comprobó que tenía una herida en la rodilla. Tomó nota, pero no me preguntó cómo se había producido la herida", recuerda Eduard López.
La madre del cordero, según López, es la ley antiterrorista, que es la que permite que se den estas situaciones, como han denunciado organizaciones como Amnistía Internacional. "La ley antiterrorista hace que los cuerpos de seguridad del Estado puedan tenerte durante días aislado del mundo exterior", asegura. Y añade: "Todo el entramado represivo del Estado español, desde la Audiencia Nacional hasta la ley antiterrorista, está pensado para que el detenido no tenga derechos. No tengo ningún tipo de duda de que la clase política española sabía que la ley antiterrorista amparaba la tortura. Otra cosa es que no lo quisiera mirar".
Una prensa cómplice
A Oriol Malló primero fueron a buscarlo en la redacción de El Temps en Barcelona, donde era coordinador de la sección de cultura. Cuatro guardias civiles, sin orden judicial, reventaron la puerta, pero no lo encontraron, porque oficialmente estaba de vacaciones. En realidad estaba en casa de la maestra Maria Teresa Codina, entrevistándola para un proyecto personal. En aquella casa se refugió hasta que, al día siguiente, por consejo del abogado August Gil Matamala, se presentó voluntariamente a los Mossos d'Esquadra. "¡Qué error cometí!", dice Malló hoy. "Mucha gente después de mí decidió que era mejor irse a Perpinyà una temporada".
Su relato de las torturas sufridas es tan escalofriante como el de los otros denunciantes. Le hicieron la "bolsa", recibió golpes y patadas por todo el cuerpo y llegaron a amenazarlo con aplicarle electrochoques (en el pene, concretamente). "Este fue el punto que me desencadenó la angustia", admite. En un momento de soledad, con una grapa que tenía en el bolsillo, intentó cortarse en vano las venas y, cuando oyó que venían a buscarlo, se la tragó y se golpeó la cabeza contra la pared. El objetivo era salir de allí como fuera. Cuando los agentes vieron en la radiografía que no tenía nada, fue peor. "Ahora sí que te vas a enterar", le dijeron.
Malló militaba en el Moviment de Defensa de la Terra (MDT), del cual era una especie de jefe de prensa. Lo acusaban por haber atracado una tienda de Santiveri el año 88 (atraco que sí cometió) en nombre de Terra Lliure. Era el vínculo que tenía con la organización. De hecho, en 1989, cuando entró a trabajar en El Temps, ya había abandonado el activismo político. "No pensaba que me pudiera ocurrir", asegura Malló, que añade: "Terra Llliure ya estaba casi extinguida. Además, yo era periodista, incluso había ganado un Premi Nacional de Periodisme, y ya estaba desvinculado de todo aquello. Los años noventa eran otra historia".
Malló cree que la prensa fue una pieza más del engranaje del Estado en la Operación Garzón. Según él, el tratamiento mediático que ofreció El País, a excepción de un artículo de Manuel Vázquez Montalbán, "fue una vergüenza", y más tratándose de un diario progresista. Lo mismo piensa de La Vanguardia: "Xavier Rius [entonces Javier Tejedor] escribía unos artículos en La Vanguardia que le venían directamente dictados por Luis Roldán. Le hacía el trabajo sucio a la Guardia Civil. Se dedicó a hinchar la operación en hilo directo con la Guardia Civil. La orden era que en España no se torturaba".
Eduard López también cree que una parte de la prensa fue cómplice. Si bien medios como El Punt y El Temps "lo vivieron más de cerca y tuvieron una actitud muy valiente desde el primer momento", otros medios se dedicaron "a dar más resonancia a la versión del aparato del Estado". Pone como ejemplos La Vanguardia, El Periódico y, sobre todo, El País, "que publicó un editorial que era una infamia" ("Una operación necesaria"). Por el lado positivo, López destaca el papel de Carles Puigdemont, entonces redactor de El Punt en Girona, a quien considera uno de los "artífices intelectuales" de la campaña que puso en marcha el diario.
La victoria de Estrasburgo
Algunos lo calificaban como el abogado de las causas perdidas, pero la verdad es que, al menos en este caso, acabó ganando. Junto con otros juristas como August Gil Matamala, el abogado gerundense Sebastià Salellas, fallecido en el 2008, se encargó de la defensa de los independentistas detenidos en 1992, muchos de los cuales resultaron absueltos. Con él, el caso acabó en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), en Estrasburgo. Hasta esta ciudad francesa lo acompañó su hijo Benet Salellas, también abogado y hoy diputado de la CUP en el Parlament. "El camino hasta Estrasburgo fue realmente complejo", admite Salellas, que detalla cómo fue.
El abogado Sebastià Salellas valora la sentencia de Estrasburgo acompañado de los encausados
Las demandas iniciales interpuestas fueron archivadas por el juzgado de instrucción número 22 de Madrid, donde estaba la jueza Teresa Palacios, que años más tarde sería magistrada de la Audiencia Nacional. Recurrieron el archivo y el caso acabó llegando a Estrasburgo, pero no fue admitido. Después del juicio por la acusación de terrorismo, como la sentencia pedía que hubiera una investigación sobre las torturas denunciadas, se reabrió la causa en el juzgado de instrucción número 22 de Madrid. Hubo un nuevo archivo, que permitió rehacer el camino: Audiencia de Madrid, Tribunal Constitucional y Estrasburgo. Esta vez, sí: la causa fue admitida. Y hubo sentencia favorable.
El 18 de noviembre de 2003 tuvo lugar la vista, a la que acudió Benet Salellas. Y el 2 de noviembre de 2004, se hizo pública la sentencia, que condenaba al Estado español por violación del artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, por la ausencia de una investigación oficial "efectiva" de las denuncias de torturas por parte de las autoridades españolas. También obligaba a indemnizar a los 15 denunciantes –entre ellos, a Jaume Oliveras y Eduard López- con 8.000 euros cada uno por daños morales y 2.009 euros por gastos y costas. Gran parte de este dinero fue después destinado a organizaciones de lucha contra la tortura.
Benet Salellas admite que no esperaban que pudiera acabar así. "Era la primera condena al Estado español, en aquel momento no había un precedente", afirma el abogado y diputado. Y añade: "Fue una victoria porque estableció una argumentación jurídica que nosotros hemos utilizado después muchas veces en otros procedimientos. Es evidente que la impunidad de los sujetos concretos torturadores se ha mantenido, pero la impunidad del sistema quedó resquebrajada".
La condena a raíz de las torturas denunciadas por los independentistas en la Operación Garzón supuso, efectivamente, la primera condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra el Estado español por no investigar las denuncias de torturas. Después vendrían otras siete condenas del mismo tribunal por casos de ciudadanos de Euskal Herria, donde la tortura llegó a ser sistemática. Otros organismos internacionales, como el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, u organizaciones no gubernamentales, como Amnistía Internacional, también han puesto el foco reiteradamente en el Estado español por los casos de tortura y el sistema de incomunicación previsto en la ley antiterrorista.
¿Qué había detrás de la operación?
¿Qué objetivo había realmente detrás de aquella operación contra el independentismo, que iba mucho más allá de Terra Lliure? "Nuestra idea era visibilizar nuestra demanda, en el marco de los Juegos Olímpicos, porque Barcelona era aquellos días un punto de atracción mundial", asegura Jaume Oliveras. "Había que silenciar cualquier reivindicación independentista, y por eso lo que ocurrió con nosotros", añade el alcalde de El Masnou.
Oriol Malló ve un objetivo estrictamente propagandístico. "Necesitaban una operación para demostrar la eficacia de los cuerpos policiales antes de los Juegos", afirma el periodista, que hoy vive en México. "Un caso como este, para ellos, era inocuo: tenía un efecto propagandístico y demostraban poder, con 4.000 agentes de policía desplegados por toda la ciudad. También era importante hacer creer a los medios internacionales que controlaban la situación".
En la misma línea, Eduard López cree que se trataba de una simple demostración de poder del Estado español. "El independentismo de aquellos años no representaba un peligro a nivel de seguridad para los Juegos Olímpicos", defiende López, que añade: "No se sostiene por ningún sitio la amenaza a la Barcelona y la Catalunya de aquel momento. Aquello fue una demostración de fuerza del Estado".
Benet Salellas destaca las ganas de protagonismo del juez Baltasar Garzón. "Garzón básicamente es un ególatra y se ha apuntado en cada momento a la lucha que más le ha convenido: el narcotráfico, la izquierda abertzale, la jurisdicción universal...", dice el abogado, que admite sus contradicciones delante de la figura del magistrado. "Al mismo tiempo que perseguía a Pinochet también perseguía la izquierda independentista despreciando los derechos humanos".