Hoy, en el caso del Consell Esportiu de l'Hospitalet de Llobregat, varios antiguos verificadores contables y tesoreros han asegurado este jueves en el juzgado que las cuentas de la entidad les llegaban de sus superiores: el contable de la entidad, ya fallecido, y el exconcejal socialista Cristóbal Plaza, y que ellos sólo firmaban su veracidad, sin analizar la documentación a fondo. Eran cargos creados en los estatutos y por los cuales no cobraban ningún salario. Por eso, todos han coincidido, según fuentes jurídicas, en señalar al exconcejal y entonces director de la entidad y al contable como los que realmente dominaban la contabilidad del Consell.

Este jueves han declarado ante la jueza que investiga las supuestas irregularidades contables al Consell Esportiu un total de ocho investigados, todos cargos o excargos intermedios de la entidad. Este viernes declarará como investigada la alcaldesa de l'Hospitalet, Núria Marín, su jefa de gabinete, el secretario general del Esport, Gerard Figueras, y el concejal y exdirectivo del Consell Cristian Alcázar.

Estos verificadores eran designados por la comisión directiva de la entidad, pero muchos de ellos no tenían ningún tipo de formación ni experiencia en contabilidad y algunos de ellos fueron nombrados sin saberlo previamente y mostrando ciertas resistencias. Eran personas vinculadas a entidades deportivas de la ciudad y algunas de ellas al PSC. Finalmente, Plaza los acababa convenciendo de aceptar el cargo. Todos sabían que había una "contabilidad partida": la que se mostraba a la asamblea de socios y que sólo incluía las partidas subvencionadas por el Ayuntamiento, de unos 400.000 euros, y la más real, que doblaba el anterior y que se presentaba a la Generalitat. No obstante, confiaban en el trabajo de Plaza y del contable y su administrativa, han asegurado, y se han desresponsabilizado de cualquier conocimiento de posibles irregularidades.

El caso lo destapó hace poco más de un año el concejal socialista, ahora apartado del gobierno municipal, Jaume Graells, que lo denunció a la justicia después de que Marín mostrara una supuesta "pasividad" cuando él le explicó sus sospechas. Graells declaró este miércoles, por segunda vez, como testigo, y explicó que encontró "centenares" de pagos en efectivo y no declarados a Hacienda. Eran pequeños pagos a árbitros o a colaboradores que ayudaban a organizar acontecimientos deportivos escolares y populares. Algunos de estos colaboradores lo hacían desinteresadamente, pero otros cobraban pequeñas cantidades, como 30 o 40 euros, para ayudar a cortar calles, mover vallas o estar presente en una competición.

También habría pagos por dietas poco razonables, como bares de copas o desayunos, multas, la grúa municipal, libros de autoayuda supuestamente para hacer regalos o colaboraciones para hacer un libro. Estos gastos se pagaban en efectivo, con simples recibos a menudo sólo con la fecha y el nombre del cobrador pero sin el motivo especificado. Formaban parte de una contabilidad interna, y el dinero salía o de las cuotas que pagaban las familias por actividades extraescolares y casales, o de retiradas en efectivo de las cuentas de la entidad, que recibía importantes subvenciones municipales y de la Generalitat, y también de la Diputación, de la cual Marín es presidenta desde julio del 2019.

Otros gastos investigados son, por ejemplo, la indemnización de 42.000 euros a Cristóbal Plaza, que decidió dejar de ser colaborador del Consell, pero poco después de acabar el paro fue contratado como asesor del consistorio, y después fue concejal de Deportes y presidente del mismo Consell.

Marín, bajo sospecha

Graells explicó el caso a Marín el 3 de febrero, pero hasta el 11 de febrero la alcaldesa no habría hecho nada, según este concejal, ahora sin funciones de gobierno. El 16 de febrero Marín habría hablado con Cristóbal Plaza, entonces concejal de Deportes y expresidente del Consell, para encargar una auditoría. El 25 de febrero se decidió la empresa que haría la auditoría y el 10 de marzo se llevó la documentación al auditor. Según Graells, este tiempo fue excesivo y mientras tanto Marín, Plaza y el teniente de alcaldía Cristian Alcázar habrían maquinado para apartarlo e intentar tapar estas presuntas irregularidades. En este intento también habría participado el secretario general del Esport, Gerard Figueras, también investigado.

Todo eso se habría intentado ocultar a las asambleas generales del Consell, donde se presentaron unas cuentas de unos 400.000 euros anuales, mientras que a la Generalitat se le presentaban las cuentas, más reales, según algunas fuentes, de más de 800.000 euros.

La jueza investiga a Marín y 14 personas más, entre las cuales altos cargos municipales y el secretario general del Esport, Gerard Figueras, por malversación de fondos públicos, omisión del deber de perseguir delitos, prevaricación, apropiación indebida, administración desleal y falsedad documental. También ha autorizado a la policía a examinar el contenido del móvil de la alcaldesa.

La también presidenta de la Diputación de Barcelona pidió a mediados de diciembre poder declarar en el juzgado después de que la semana anterior la Policía Nacional la detuviera por una supuesta desviación de subvenciones públicas. Marín declaró durante tres horas ante la Unidad de Delincuencia Económica (UDEF) como investigada policialmente por prevaricación, malversación de dinero público y omisión del deber de perseguir un delito.

Las irregularidades investigadas

Según el juez, hay indicios que al menos los últimos cuatro años miembros de la directiva del Consell Esportiu y al mismo tiempo miembros del Ayuntamiento, "en connivencia con el director, nombrado secretario anteriormente, habrían dispuesto, con afán de lucro y de forma indebida y fraudulenta, de los fondos de este organismo, falseando o alterando documentación de la entidad para ocultar los hechos y darle la apariencia de legalidad".

Así, se considera que estarían implicados el expresidente de la entidad y también exconcejal de Deportes, Cristóbal Plaza, Cristian Alcázar, también teniente de alcalde y anterior presidente del Consell, y Eduard Galí, actual director del Consell. Según el auto del 22 de diciembre, los tres habrían utilizado dinero de la entidad por su propio provecho o el de terceros y con finalidades aparentemente ajenas al organismo, "actuando con total impunidad al aprovecharse de las facultades de dirección inherentes al cargo que tenían en el organismo y de su condición de miembros de la corporación local". Así, "habrían ideado un sistema de contabilidad oculto, excluido de cualquier tipo de control ajeno a los presuntos responsables, y falsificando varios tipos de documentos de la entidad para evitar su descubrimiento por parte del órgano interno encargado del control y la fiscalización económica".

La jueza cree que los tres principales investigados habrían actuado con la "connivencia" de otras personas, como Marín, que "habría favorecido o facilitado de forma indiciariamente injusta la concesión de subvenciones con fondos públicos del Ayuntamiento a la entidad dirigida y gestionada por los investigados". Estos fondos habrían servido a Alcázar, Plaza y Galí para seguir con su entramado y Marín los habría ayudado a evitar que fueran descubiertos, y mantuvo una "conducta omissiva y pasiva" cuando el ahora exteniente de alcalde Jaume Graells le explicó sus sospechas.

Los implicados también habrían falsificado documentos internos del Consell Esportiu sobre su situación económica y financiera por no sólo desviar fondos de la entidad, sino para conseguir más procedentes del consistorio, del cual formaban parte. También hay conversaciones entre los principales investigados donde se evidenciarían los intentos por ocultar los hechos

Estas acusaciones de la jueza se basan principalmente en la declaración judicial inicial de Graells y de una administrativa del consejo encargada de la tesorería y la facturación, una auditoría encargada para buscar irregularidades y la documentación decomisada en los registros policiales. Además, la jueza dice que después de que Graells denunciara los hechos, los tres principales investigados habrían maquinado para intentar ocultar los hechos, cosa que se ha descubierto a través de sus mensajes, llamadas y documentos informáticos. De hecho, el juez cree que los tres "orquestaron una maniobra para aparentar una correcta actuación y excluir al denunciante de la entidad deportiva", operación que habrían hecho junto con Marín y Figueras.

La jueza también pidió a la Udef que le aporte el acta de la reunión de la comisión directiva del 16 de septiembre del 2016, si lo han encontrado en los registros. Al Consell Esportiu le pidió que identifique a todos los trabajadores de la entidad en aquellos momentos.

Además, en un auto del mismo 22 de diciembre, la jueza autorizaba a la policía a acceder y examinar el contenido del teléfono móvil de Marín, diligencia prevista para el 29 de diciembre pasado. La policía sospechaba que en el móvil de Marín podía haber pruebas de sus conversaciones con otros investigados como Alcázar o Figueras.