El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha dictaminado hoy que España "violó el derecho político de exmiembros del Govern y el Parlament de Catalunya" al suspender de sus funciones públicas a los presos políticos antes de que fueran condenados en el 2019, después del referéndum de independencia del 1 de octubre de 2017. El presidente en el exilio Carles Puigdemont ha sido uno de los primeros en celebrar este dictamen y lo ha calificado de una bofetada al Estado español. "Los responsables de aquella violación no pueden dar lecciones de democracia y tendrían que asumir responsabilidades", ha indicado Puigdemont antes de sentenciar que se dio "un golpe a la democracia".

El fallo da la razón a una denuncia presentada en el 2018 por el exvicepresident catalán Oriol Junqueras y los exconsellers Raül Romeva, Josep Rull y Jordi Turull, que alegaron que la suspensión de sus funciones previa a la existencia de una condena violaba el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El comité subraya que los denunciantes fueron suspendidos después de ser acusados del delito de rebelión, aunque habían instado a la ciudadanía a mantenerse estrictamente pacífica, y que finalmente fueron condenados en el 2019 por sedición, que no implica el uso de violencia. En el documento, el Comité de Derechos Humanos apunta que la suspensión como diputados no cumplía "los requisitos de razonabilidad y objetividad exigidos" y apunta que el Estado tiene "la obligación de proporcionar" la posibilidad de "recurso efectivo". "Eso requiere de una reparación integral a los individuos se les han violado los derechos a los cuales", remarca al comité.

Por su parte, el exconseller de Presidència y firmante de la denuncia, Jordi Turull, también ha celebrado la noticia y a través de un tuit ha pedido "no abandonar nunca ni la tarea ni la esperanza". "Muy contento de esta nueva victoria internacional del independentismo hacia el Estado español y sus represores con toga", ha indicado.

El vicepresidente del Govern, Jordi Puigneró, se ha sumado a la celebración con un tuit aplaudiendo el "blanqueo de Naciones Unidas a la democracia defectuosa de España". Lo mismo ha hecho la consellera de Drets Socials, Violant Cervera, que ha hablado de "venganza" por parte de España. "Nueva victoria internacional, nueva constatación de una represión que vulneró gravemente sus derechos políticos y nueva demostración de los importantes déficits de la democracia española", ha dicho la consellera.

Desde la ONU ya se habían posicionado sobre este conflicto. La prisión preventiva fue declarada arbitraria por parte del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria en el 2019. Un año después, se estableció que España no cumplió las decisiones y ni los liberó ni reparó por la vulneración de derechos, tal como exigían las decisiones de 2019. El informe del 2019 fue una iniciativa del abogado británico experto en derecho internacional y derechos humanos Ben Emmerson. En febrero del 2018 ya pidió al grupo de trabajo que confirmara o no si la situación de prisión preventiva vulneraba derechos fundamentales recogidos a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Aquel escrito constaba de 19 páginas y estaba firmado por el presidente relator de este grupo de la ONU, José Antonio Guevara Bermúdez.