La defensa de Carles Puigdemont, que encabeza el abogado Gonzalo Boye, ha presentado un recurso contra el auto en que el juez instructor Pablo Llarena mantiene el procesamiento del president en el exilio por los delitos de desobediencia y malversación. Boye denuncia la vulneración del derecho al juez predeterminado por ley, cuestiona la imparcialidad de Llarena, carga contra la aplicación de la derogación del delito de sedición, contra los nuevos cargos que se imponen a su defendido y contra el mantenimiento de la orden de detención nacional contra Puigdemont a pesar de su inmunidad como eurodiputado.

En el recurso de reforma, de 131 páginas, el abogado carga contra el auto del juez instructor Pablo Llarena que, ante la derogación del delito de sedición, mantiene el procesamiento del president en el exilio por los delitos de desobediencia y malversación de fondos. El letrado emplaza de nuevo al juez a presentar una batería de cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Luxemburgo. Entre otros puntos, reclama que pregunte al TJUE sobre el hecho de que el procedimiento que se sigue contra Puigdemont en el Tribunal Supremo se haga en paralelo con otro procedimiento ante el Tribunal de Cuentas por los mismos hechos, lo cual, según denuncia, representa una vulneración al derecho fundamental a no ser sancionado dos veces por los mismos hechos.

Malversación y persecución

En el recurso, Gonzalo Boye es muy crítico también con cómo el juez "ha modificado los hechos de la acusación" para imputar a Puigdemont la malversación agravada. Además, asegura que se aparta de lo que sus colegas del Tribunal Supremo afirmaron en la sentencia del procés, en la cual condenan por malversación a cuatro de los presos políticos, pero no con afán de lucro, sino por administración desleal, que antes de la actual reforma estaban en el mismo artículo del delito de malversación. Una malversación en concurso medial con la sedición, precisa la sentencia del Supremo. Es decir, habrían gastado dinero público para cambiar el orden constitucional."Este cambio de los hechos, y su subsunción del instructor, solo pretende, si así lo autoriza el TJUE, a cursar la cuarta orden europea de detención y entrega, marcando la casilla de corrupción; casilla que no ha servido para confundir a las autoridades de ejecución en ninguna de las tres ocasiones anteriores; y tampoco lo conseguirá en una cuarta tentativa", sostiene Boye.

En este sentido, el abogado detalla que el escrito de Llarena "queda desacreditado" por el Tribunal de Cuentas, el cual tiene abierto un procedimiento sobre los gastos del 1-O y de la promoción exterior, donde hay "un control de cada uno de los euros, y sus correspondientes céntimos, y de dónde fueron destinados", y desmonta el razonamiento del juez cuando afirma que hubo una extracción de caudales "del control público", ya que —razona Boye— "eso es absolutamente contrario a lo que pasó en este caso".

Por todo eso, el penalista asegura que el juez Llarena hace una "constante y grave mutación de los hechos que se van subsumiendo en función de un ánimo persecutorio impropio de cualquier tribunal de un estado democrático y de derecho".

No es el juez competente

En el escrito, el penalista insiste al juez Llarena que "no es el competente" para ser el instructor del caso de Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí porque son eurodiputados e investigarles no es competencia del Tribunal Supremo. Y, si duda, le propone que se lo pregunte al TJUE, en una de las nuevas prejudiciales, para aclararlo. Además, le recuerda que si no es competente para investigar a los políticos catalanes en el exilio, tampoco lo es para hacer el nuevo auto de procesamiento, y le pide que sitúe la causa al 13 de junio del 2019 y la envíe a los juzgados de Barcelona para su reparto.

Boye también recuerda al juez Llarena que se tendría que haber abstenido de instruir la causa catalana porque fue premiado por la Fundación Villacisneros, "una organización españolista", por haber trabajado "para la unidad y el fortalecimiento de España".

"En ningún sistema democrático, los hechos del otoño del 2017 no son incardinables en ningún tipo delictivo", concluye Boye para descartar los delitos de sedición, malversación y "los desórdenes públicos con los apellidos que se le quieran poner".