El president Carles Puigdemont declarará como testigo en el juicio al exconseller de Interior, Miquel Buch, y al sargento de los Mossos de Esquadra, Lluís Escolà, acusados de darle un servicio de escolta en el exilio, cuando fue descartado por el Gobierno porque era considerado un "fugado de la justicia" por haber liderado el procés de independencia de Catalunya, suspendido, al final, por el mismo Govern. La Audiencia de Barcelona ha programado cinco días de juicio: 28, 29, 30 de junio y 13 y 14 de julio. Está previsto que Puigdemont declare el 30 de junio por videoconferencia desde Waterloo, tal como pidió la defensa de Escolà, ejercida por los penalistas Isabel Elbal y Gonzalo Boye, y que la sección 2.ª de la Audiencia ha admitido porque la Fiscalía acusa Buch de acordar con Puigdemont su servicio de escolta, que se imputa a Escolà, y es la única manera de aclarar estas acusaciones. Será la primera vez que el president Puigdemont interviene en un procedimiento penal sobre su marcha de Catalunya y el exilio forzado. El Tribunal Supremo no le permitió declarar como testigo en el juicio a los líderes independentistas.
El teniente fiscal Pedro Ariche hizo el escrito de acusación, en el cual pide 6 años de prisión y 27 años de inhabilitación a cargo público para el exconseller de Interior Miquel Buch por los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos. Y, para Lluís Escolà solicita 4 años y medio de prisión y 23 de inhabilitación los mismos delitos. El fiscal sostiene que Escolà, que era del equipo de escoltas de Puigdemont, lo ayudó a huir el octubre de 2017. Añade que el consejero de Interior contrató Escolà el julio de 2018 como cargo de confianza -como asesor en materia de seguridad- pero que en realidad hacía de escolta de Puigdemont, hasta el 2019. Por eso reclama que devuelvan a la administración los 70.283 euros del sueldo cobrado por Escolà.
No hay delitos
Las defiende de Buch, ejercida por la abogada Judit Gené, y la del sargento, con Elbal y Boye, piden su absolución. La defensa de Buch sostiene que la contratación como asesor del escolta de Puigdemont es totalmente legal. Y el escrito de defensa de Escolà es directo y claro: "Sin que existan hechos constitutivos de delito alguno, por lo que no cabe hablar ni de autoría, ni de circunstancias modificativas, ni de pena, ni de responsabilidad civil derivada de un delito que no se ha cometido."
Más testigos
La defensa del sargento también ha pedido que declare como testigo la empresa y amigo de Puigdemont, Josep María Matamala. Además, solicita, como la Fiscalía, cargos de Interior bajo la dirección de Buch: Andreu Joan Martínez, director general de la Policía; Brauli Duart, secretario general del Departament de Interior; y Pere Ferrer, jefe del gabinete del consejero de Interior, y también Francesc Camprubí, inspector del área de escoltas de los Mossos.