Le negaron y ha estallado. El president Carles Puigdemont ha denunciado la tolerancia de la Unión Europea con el Tribunal de Cuentas, después de que el órgano fiscalizador se haya ahogado entregar informes sobre las fianzas millonarias impuestas a exmiembros del Govern.
Puigdemont ha recordado que, en la UE, la ocultación de información relevante invalida todo un procedimiento judicial. Entonces, el president ha mostrado su confusión con el comportamiento de la unión con España, a la vez que ha dicho que en los países del este la respuesta sería diferente:
"Por alguna razón que desconocemos, la UE tolera estas graves violaciones del estado de derecho cometidas por España, pero pone el grito en el cielo si las comete Polonia, Hungría o Eslovenia", ha escrito este miércoles a Twitter.
El abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, ya había responsabilizado a la delegada instructora del caso, Esperanza García, de "la ocultación" de documentos relevantes. Boye, de la misma manera que ha defendido hoy Puigdemont, había recordado que una decisión como esta tendría que comportar la "nulidad" de la actuación y la suspensión del procedimiento confiscador.
La delegada instructora se ahoga
Concretamente, Puigdemont y Boye se refieren a los votos recurrentes de dos de los consejeros del Tribunal que no figuran en los documentos entregados, donde se habrían expresado las reticencias ante anomalías en el procedimiento.
Al principio, la delegada instructora aseguró desconocer la existencia de los votos. Pero Boye ha insistido y García se ha negado a entregar la documentación, alegando que no son necesarios para el procedimiento. "Es imposible, desde una perspectiva de mínima legalidad, continuar con el presente procedimiento confiscador sin antes aclarar estos extremos, entregar la documentación ocultada y, en virtud de eso, declarar la nulidad de todo el actuado desde el momento de producirse la vulneración de derechos", había reclamado el abogado.
Anomalías en el informe
Cuando se aprobó el informe del Tribunal de Cuentas a finales del 2019, se emitieron también dos votos recurrentes, aparte del voto particular emitido por una de las consejeras. Los dos votos corresponden a dos de los consejeros adscritos al sector progresista, Enriqueta Chinarro y Felipe García, en los que se advertía de posibles anomalías e incumplimientos con la legislación vigente.
Esta denuncia de Puigdemont llega momentos antes que se haya sabido que el Fiscal Superior de Catalunya haya anunciado esta mañana la apertura de una diligencia de investigación contra la Junta de Gobierno del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) por los avales en el Tribunal de Cuentas. Una decisión que da respuesta a la denuncia que había presentado el presidente del grupo parlamentario de Ciutadans, Carlos Carrizosa.
Imagen principal: El presidente Carles Puigdemont / ACN