El president Carles Puigdemont ha condenado enérgicamente la condena de cuatro años y medio de prisión que la Audiencia de Barcelona ha interpuesto al exconseller d'Interior, Miquel Buch, por un delito de malversación para nombrar como asesor un Mosso d'Esquadra que hacía de escolta de Puigdemont cuando se marchó de Catalunya en 2017. Y también lo condena a 20 años de inhabilitación por malversación y prevaricación. Puigdemont se ha mostrado consternado y ha explicado que ha enviado todo el apoyo a Buch y a Lluís Escolà, condenado a cuatro de prisión por malversación y a 19 años por prevaricación y malversación. A través de las redes sociales ha asegurado que España ha cometido una "barbarie con los jueces y los fiscales al frente". Puigdemont se ha mostrado muy crítico y ha denunciado que "España está podrida en sus cimientos y las órdenes del rey de ir a por todos nosotros continúan intactas". Ha recordado así que "el '¡a por ellos!', guía la política, la justicia y la información, y la verdad importa muy poco."
Desconfianza en el Estado español
Puigdemont ha señalado la sentencia como un ejemplo para todos en aquellos que todavía no han entendido la razón por la cual nunca renunciarán a la unilateralidad y a la independencia, el motivo por el cual "desconfiamos del Estado español". El eurodiputado ha defendido que Buch y Escolà están condenados por "un delito que no han cometido", y apunta que el motivo real es porque "han sido leales y comprometidos política y personalmente conmigo. Punto". Puigdemont considera que les han condenado como muestra de venganza y "represalia porque no me han podido tener". Sin embargo, ha reconocido que era previsible una condena "igual que era evidente que no había delito". Y ha añadido que lo sabían todos los implicados a la causa.
Condena a Miquel Buch y a Lluís Escolà
El escrito de la fiscalía apuntaba que Escolà y dos agentes más escoltaron Puigdemont hasta Bruselas el 29 de octubre del 2017. La División de Asuntos Internos (DAI) de los Mossos le abrió un expediente interno. A partir de entonces, encadenó días de descanso y bajas médicas entre el 30 de octubre del 2017 y el 20 de julio del 2018. En este tiempo se han acreditado, dice el ministerio fiscal, varios servicios internacionales al eurodiputado de Junts.
El 19 de julio, el entonces director de la Policía, Andreu Joan Martínez, cerró el expediente de Escolà y lo trasladó a otro puesto de trabajo, apartándolo definitivamente del área de escoltas. El día siguiente se activó una plaza de asesor, que la fiscalía cree que fue creada específicamente para que fuera ocupada por Escolà. El 27 de julio se publicó el nombramiento y Escolà cogió el alta médica. El 30 de julio tomó posesión del cargo. La fiscalía cree que el objetivo era, "únicamente, procurar desde el Govern, y con cargo a los fondos públicos, un servicio de escolta permanente a Puigdemont, declarado procesado rebelde".