Carles Puigdemont recurrirá la última decisión de Pablo Llarena sobre su procesamiento, que se mantiene por malversación agravada y desobediencia. Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que el president en el exilio presentará un recurso de apelación contra el auto, por el cual este martes el juez instructor ha rechazado el recurso de reforma que interpuso y por el cual ha ratificado la decisión adoptada el pasado 12 de enero. Todo, el mismo día que la justicia italiana ha dado por cerrado el procedimiento por la detención de Puigdemont.
De esta manera, Puigdemont llevará su caso ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo para que revise la voluntad de Llarena de procesarlo por el delito de desobediencia y por el de malversación agravada. Fuentes del alto tribunal consultadas por Europa Press han aclarado que en el análisis del recurso no participará ninguno de los seis magistrados que formaron parte del tribunal que juzgó la causa del procés y que condenó a Oriol Junqueras a trece años de prisión e inhabilitación, entre otros. Eso sí, hay que recordar que el mismo tribunal revisó la sentencia después de la reforma del Código Penal y acordó condenar a Junqueras y otros presos políticos tanto por un delito de desobediencia como por uno de malversación agravada.
El segundo recurso de Puigdemont
En el último recurso, el president en el exilio ya pidió al juez instructor que anulara la orden de captura que emitió por los mismos delitos — a la vez que lo acusó de "ignorar" la reforma penal aprobada por las Cortes. Su defensa reclamó que se remitiera al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) toda una serie de cuestiones prejudiciales, en caso de que no se estimara el recurso (cosa que finalmente pasó). Es decir, que pidió que se preguntara si el Supremo era el órgano competente para llevar una causa contra un eurodiputado que disfruta de inmunidad como miembro del Parlamento Europeo.
Puigdemont aseguró que era víctima de un procedimiento ad hoc movido por el "fumus persecutionis" (ánimo persecutorio) de Llarena. "Ni había cometido un delito de sedición ni ha cometido uno de malversación", argumentó la defensa. También indicó que se reservaba el derecho a llevar su caso ante el mismo Parlamento Europeo, "llegado el momento oportuno". Una cámara que tendría que "pronunciarse al respecto" y cuya decisión sería, al mismo tiempo, "revisable por el órgano competente del TJUE, con las consecuencias que ello tendría para la perjudicada credibilidad de la justicia y de este procedimiento particular".