El empresario y vicepresidente segundo del Barça, Carles Vilarrubí, participó en la venta de las Cavas Montesquius a la familia Ruiz Mateos el año 1997. Así lo ha publicado hoy El Confidencial en una nueva entrega relacionada con los papeles de Panamá, que añade que lo hizo a través de una firma a las Bahamas llamada Mayfield International.

Vilarrubí no hizo la gestión por su cuenta, sino que lo hizo cuando era directivo de Trébol Condal, un holding muy próximo a Juan Carlos I. También aparecen el abogado mercantilista de Javier de la Rosa, Juan José Folchi, que, junto con el propietario ya muerto del holding empresarial, Manuel Prado, ya habían sido condenados por apropiación indebida y falsedad documental en el caso KIO.

En aquella época, el abogado de de Rosa era el propietario del 51% de las Cavas Montesquius y lideró una operación que pretendía potenciar las cavas ya que, en aquel momento, la burguesía catalana había cogido el gusto a invertir en este mercado. La competencia con Freixenet y Codorniu contribuyó a que las Cavas Montesquius fueran a la quiebra y Coll de Juny, la sociedad que fabricaba el cava, fue comprada en 1997 por Nueva Rumasa.

Aquí entra en juego la figura de Vilarrubí. Su nombre aparece vinculado al cierre de esta operación, pero el vicepresidente segundo del Barça ha asegurado que su vinculación sólo puede estar justificada por sus "funciones ejecutivas".

Su nombre también aparece en otra sociedad a las Bahamas, Greenland Finance Inc.

"Injustificado y desproporcionado"

Vilarrubí asegura, en un comunicado, que "la única vinculación" que ha tenido es el trabajo de directivo para el grupo Trebol Internacional y para Cavas de Juny que producía y comercializaba el Cava Montesquiu, "hace más de 20 años". En esta época gestionaba la Cava por un grupo de propietarios, entre otras diferentes actividades empresariales, explica el texto.

El empresario se muestra "sorprendido" de ser el protagonista de este asunto y asegura que "sólo ejercía funciones ejecutivas derivadas de mi responsabilidad laboral en la empresa". Cree que su vinculación con los papel de Panamá es "injustificada y desproporcionada", ya que "un empleado no puede responder de las acciones de los propietarios de las sociedades para las que trabaja", argumenta.