Un juzgado de Castellón ha acordado la apertura de juicio oral contra el expresidente de la Diputación y del PP de esta provincia Carlos Fabra y otros nueve acusados, entre ellos el presidente del Villarreal, Fernando Roig, en el marco de la causa sobre el origen y la posible ocultación del patrimonio del exdirigente popular. La magistrada ha requerido a todos ellos para que presten una fianza conjunta y solidaria por importe de 1.375.276 euros para asegurar las responsabilidades civiles que se les pudiera imponer en caso de sentencia condenatoria, señalan este jueves desde el Tribunal Superior de Justicia del País Valencià.
El auto señala la Audiencia Provincial de Castellón como órgano para el enjuiciamiento y fallo de esta causa, en la que la Fiscalía y la Abogacía del Estado aprecian inicialmente la comisión de delitos de alzamiento de bienes/insolvencia punible, y frustración de la ejecución, blanqueo de capitales y cohecho. Junto a Carlos Fabra y Fernando Roig figuran como acusados cuatro de sus familiares y cinco empresarios: Fernando R.N., Alejandro L.H., Miguel P.F. y Enrique G.E., además de siete empresas como personas jurídicas.

La petición de la fiscalía
En esta causa, la Fiscalía Anticorrupción pide 12 años de prisión para Fabra. Entre los encausados se encuentran familiares de Carlos Fabra, como su mujer, dos de sus hijos y su yerno, a los que el Ministerio Público exige penas entre los 7 y los 11 años de cárcel. En relación con los empresarios investigados en la causa, Fiscalía reclama 4 años y siete meses de prisión para el presidente del Villarreal y del grupo Pamesa, Fernando Roig, y la misma pena para su hijo, Fernando Roig Negueroles, según ha podido saber Radio Castellón Cadena SER que ha tenido acceso al auto.
La investigación se centra en el presunto entramado elaborado por Fabra para ocultar a la justicia su patrimonio y fuentes de ingresos opacos que podrían venir de su actividad pública. La intención del exdirigente popular habría sido dificultar la ejecución de la sentencia que le condenó en el 2013 por cuatro delitos fiscales y que supuso que mantuviera una deuda con la Agencia Tributaria de cerca de un millón de euros. Fue este caso el que le llevó a abandonar el Partido Popular.
Fabra entró en prisión de Aranjuez en Madrid el 1 de diciembre de 2014, 11 años después de que estallara su caso. El 18 de abril de 2016, Fabra logró el tercer grado y solo iba a prisión a dormir.