La primera semana de curso escolar, político y judicial han convulsionado el arranque de septiembre en Madrid. La paz que acostumbra a dejar el verano se ha convertido en un estallido abrazado por las togas negras. Pedro Sánchez se ha estrenado entre ciudadanos cuestionando el poder económico, se ha peleado a la vista de todo el mundo con Alberto Núñez Feijóo a raíz de la inflación y ha acabado la semana viendo cómo el poder judicial aprovecha para tirar la cuerda cada vez que puede.
Esta vez la ha tensionado el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, que hace nueve años que es la cabeza|cabo|jefe de los jueces y que hace 4 que está en funciones. Ahora amenaza con dimitir si Sánchez y Feijóo no pueden deshacer el nudo para renovar los órganos judiciales enquistados, critica la reforma expreso de la ley del Poder Judicial, arremete contra la llamada desjudicialización del procés|proceso para afectar al diálogo y las relaciones restablecidas entre la Moncloa y la Generalitat y dejando un dardo al exvicepresidente Pablo Iglesias, que ya hace casi un año y medio que dejó la política. Recoge leña a diestro y siniestro acompañado de la mirada cómplice del rey Felipe VI.
La alianza entre Carlos Lesmes y Felipe VI, togas y corona, pisa fuerte contra los planes|planos de Pedro Sánchez en la Moncloa. Observando los antecedentes se intuye un castigo al presidente porque no ha hecho los deberes de renovar las instituciones judiciales desde que en el 2018 echó Rajoy en la moción de censura gracias, en parte, al apoyo del independentismo catalán al Congreso de los Diputados. Además, se ayudan de la coartada del procés y la desjudicialización para hacer tambalea la mesa de diálogo, que es uno de los pilares argumentales del PSOE, de Unidas Podemos y de Esquerra. Han ganado elecciones con esta carta, que seguro que utilizarán ahora que se acercan tiempos de elecciones. Los resultados (o no) de esta mesa de negociación se interpretarán de forma bien diferente en función de dónde sople el viento, y por encima de todo, se evaluarán en las urnas. Lesmes se irrita y el rey asiente a su lado.
El juego bloqueado de las sillas
El origen de todo es que el mapa judicial tiene fugas por todos lados. Suena la música pero no hay movimiento en las sillas. El bloqueo político a la renovación del CGPJ - que es el órgano que gobierna a los jueces de todo el Estado y que tiene el mandato caducado desde hace casi cuatro años – golpea la estabilidad de la judicatura española. Este nudo y la incapacidad para hacer nombramientos mientras está en funciones a raíz de la reforma de la ley del Poder Judicial dejan a Lesmes en una situación que él mismo definió como "inaceptable e insostenible". Empezando por el atasco en el mismo CGPJ.
El pleno está formado por 20 vocales y el presidente y actualmente tiene una mayoría conservadora que corresponde a las cuotas de poder político que emanaba de la primera legislatura de Mariano Rajoy, del 2013. Los 20 son escogidos por las Cortes Generales (doce magistrados o jueces en activo y ocho juristas de reconocida trayectoria) y el mandato dura cinco años. Por eso están en funciones desde el 2018. De todo el pleno, diez fueron a propuesta del PP, siete fueron cosa del PSOE, uno de Izquierda Unida y otro del Partido Nacionalista Vasco (PNV).
Además, el CGPJ tiene el encargo de escoger a dos de los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que tienen el mandato caducado antes del 13 de septiembre, elección que se intuye que se alargará. Una prerrogativa que reactivaron el Congreso y el Senado este verano para presionar el PP. Los otros dos los tiene que escoger el gobierno central. Esta elección es importante porque podría decantar la balanza en favor del bloque considerado progresista y, por eso, el sector rebelde – que tiene mayoría - intenta boicotear la sustitución. Al final de todo está la tramitación de las leyes que están en el cajón del tribunal de garantías. Algunas icónicas por|para la coalición PSOE – Unides Podem, como la eutanasia, la de Educación, la del aborto de 2010 o la misma reforma de la ley orgánica del Poder Judicial que corta las alas en Lesmes para designar sustitutos.
Para más inri, según reconoció el mismo Lesmes este miércoles, el Tribunal Supremo tendrá el 25% de las vacantes sin cubrir "en las próximas semanas". De las 116 presidencias de tribunales que hay en el Estado, enumeraba, 49 son interinas y existen salas, como la del Tribunal Militar Central, que amenazan con dejar de funcionar porque no tienen efectivos para operar. Un atasco de dimensiones titánicas.
Solución: ¿la renuncia?
Ante la inoperancia del PSOE y del PP, el sector progresista está apretando para que Lesmes y el resto de vocales den un paso al lado. "Más que declaraciones, necesitamos hechos", asegura la portavoz en Catalunya de Jueces y Juezas por la Democracia (JPD), María del Prado Escoda, en declaraciones para el ElNacional.cat. Escoda cree que el CGPJ "tiene que dar ejemplo" y recuerda que "muchos vocales no han querido dimitir por sentido institucional, aunque tienen ganas." Según Escoda, "sería una medida de presión para que los partidos se pusieran de acuerdo inmediatamente". Una propuesta que se alinea con lo que propone Gonzalo Boye en este diario. Sin embargo, el jefe de los jueces – que descartó una renuncia colectiva para no dejar desatendida la institución– sí que amenazó, como último recurso, de dar un paso al lado.