Un déjà-vu, un intento a desesperada y una amenaza a los dos grandes partidos españoles. Y ya avisó este lunes. El presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Supremo, Carlos Lesmes, ha urgido al jefe del ejecutivo español, Pedro Sánchez, y al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a que se reúnan "con urgencia" y a que pongan "una solución definitiva" a la "situación insostenible e inaceptable" que vive el Consejo General del Poder Judicial, que desde hace casi cuatro años tiene el mandato caducado. Según ha explicado durante su discurso de apertura del año judicial ante el rey Felipe, ha asegurado que si no le hacen caso "será preciso reflexionar sobre la adopción de otro tipo de decisiones que ni queremos ni nos gustan". Según fuentes jurídicas consultadas por ElNacional.cat, Lesmes se plantea dimitir dentro de unas semanas si no se acuerda una salida al bloqueo.

Carlos Lesmes en la apertura del año judicial Foto: EFE

En este sentido, ha aprovechado para poner en duda del sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces por parte del Congreso de los Diputados y del Senado. Defensa que está estropeando la imagen de la justicia: "El modelo genera una percepción negativa de politización, de manejo interesado por los políticos". De hecho, ha puesto prisa a las cámaras para que modifiquen el sistema para escoger el Consejo afirmando que la reforma "es ineludible" y que se debe abordar "con la mayor urgencia posible

No a la renuncia colectiva

Lesmes se ha negado en rotundo a que los vocales del CGPJ que están en funciones y él mismo renuncien de forma colectiva, tal y como se especula desde algunos sectores. Según ha dicho, "es un comportamiento irresponsable e inaceptable que llevaría a la paralización total del Consejo y haría imposible que desarrollara su misión constitucional". Sin embargo, ha admitido que una renuncia individual sí que sería admisible" dejando la puerta abierta a su propia dimisión.

Entre los remedios que ha mencionado para desbloquear la situación, Lesmes se ha referido a los cambios introducidos por el Congreso a la ley orgánica del Poder Judicial, que impide el CGPJ establecer nombramientos a las vacantes mientras tiene el mandato caducado. 18 meses después de que se aprobara afirma que "los efectos de la ley son devastadores" y admite que es "un disparate". Para poner un ejemplo, ha destacado "la situación penosa y grave" que atraviesa el Tribunal Supremo, del cual ha recordado que tiene 14 vacantes sin cubrir. Sin embargo, ha subrayado que las cámaras hayan rectificado permitiendo que el Poder Judicial sí que pueda sustituir las vacantes en el Tribunal Constitucional.

 

Semana decisiva para el TC

La otra patata caliente que tiene el presidente del CGPJ y del Supremo – que ha pronunciado el cuarto discurso con el mandato caducado – es el nombramiento de dos magistrados del Tribunal Constitucional por parte del órgano de gobierno de los jueces. Él quiere que se acuerden al pleno de este jueves aunque tiene margen para conseguirlo hasta el 13 de septiembre, tal como marca la reforma exprés de la ley del Poder Judicial. Hasta entonces tendrá que superar la resistencia del bloque conservador del Consejo - aunque en las últimas horas se han abierto al consenso - para reunir 12 votos de los vocales y la aritmética va de un pelo entre críticos y progresistas. Todavía faltarán los otros dos magistrados que tendrá que elegir el Gobierno, que podría alterar la mayoría conservadora actual e inclinar la balanza en leyes icónicas para la coalición.

El nuevo fiscal general del Estado, con covid

La baja más notable en la apertura del año judicial ha sido la del flamante fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que ha dado positivo por covid y que no ha podido presentar la memoria anual. A García Ortiz, que tomó posesión del cargo este lunes, lo ha sustituido la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde.