"¿Los intereses de los ciudadanos en un Parlamento democrático son discutibles? Eso es lo que está en juego en Catalunya, donde los diputados ejercen su derecho de expresarse libremente, mientras el Gobierno español les dice que tienen que aceptar ser censurados". Así empieza un artículo de opinión que la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, publica este lunes en el diario The New York Times bajo el título 'Defendiendo la libertad en Catalunya'.
Forcadell aprovecha esta publicación para denunciar la judicialización del procés soberanista, y los cargos que la Fiscalía le imputa por haber permitido el debate y la posterior votación de las conclusiones de la comisión del Procés Constituent. "Mi crimen fue simplemente cumplir mis funciones como presidenta del Parlament y permitir un debate que había sido requerido por una mayoría de la cámara", denuncia Forcadell.
La presidenta de la cámara ve esta actitud como un "ejemplo de la estrategia de que el Gobierno español está utilizando medidas judiciales para interferir en los asuntos políticos de Catalunya" y demuestra que es "incapaz de resolver los desafíos políticos a través de la política". Por todo ello, Forcadell denuncia un "asalto judicial de España a la democracia y libertad de expresión de Catalunya" y asegura que se está utilizando un "sistema judicial politizado para silenciar a los disidentes y el debate democrático".
También alerta sobre una judicialización que no sólo le afecta a ella, sino a 400 cargos electos municipales, como concejales y alcaldes, y al expresidente Mas y otros miembros del Govern por haber permitido la votación del 9-N. "Su crimen fue habilitar centros de votación donde los ciudadanos podían expresar su visión democrática", asegura Forcadell.
La presidenta del Parlament también carga en este mismo artículo contra la conocida como Operación Diálogo, que tilda de cosmética, y asegura que el procés catalán es profundamente europeo y que está lejos de los movimientos euroescépticos que ganaron el Brexit. En este sentido, Forcadell compara el procés catalán con el escocés, que también era europeísta, y recuerda que en aquel caso el primer ministro británico, David Cameron, entendió la magnitud del reto y lo supo solucionar políticamente.