Carme Forcadell se ha quedado "de piedra" cuando en un hotel de Figueres le han dicho que hable en castellano. Lo ha explicado ella misma este martes en Twitter, donde ha tildado la situación de "desesperante". "Acabo de llamar a un hotel de Figueres para reservar una habitación y me he quedado de piedra, después de decir bona tarda me han dicho: 'En castellano, por favor'. En Figueres, es desesperante", ha lamentado la expresidenta del Parlament. Y ha añadido: "Evidentemente no he reservado habitación".
Sin embargo, Forcadell no ha recibido apoyo en las redes sociales. En poco más de una hora ha recibido más de 300 respuestas, la gran mayoría criticándola por la inacción de ERC en este ámbito. "Hace gracia los políticos que os hacéis los sorprendidos por las consecuencias de vuestros gobiernos", "Para quejas o reclamaciones hay que dirigirse a ERC, preguntar por Pere Aragonès", "¿Qué habéis hecho exactamente para evitar la constante castellanización y desnacionalización de Catalunya?", "Bastante cinismo, Carme, sois los principales responsables", "Esto es lo que habéis promovido desde tu partido"...
Sea como sea, hace falta recordar que Plataforma per la Llengua tiene una aplicación móvil que permite valorar y comentar el uso que se hace de la lengua catalana en comercios, restaurantes, cines y otros establecimientos. Se trata de CatalApp, donde los usuarios pueden buscar el establecimiento en cuestión y puntuar del 1 al 5 la atención oral, escrita y virtual, además de añadir comentarios adicionales para ampliar la valoración. Estas notas se utilizarán para otorgarle una puntuación global y que otros usuarios puedan ver si el establecimiento es responsable con el uso del catalán.
Plataforma per la Llengua también recoge en su sitio web que el Código de consumo establece que los consumidores tienen derecho a ser atendidos oralmente y por escrito en la lengua oficial que escojan: si el catalán es la lengua escogida, pues la atención tiene que ser en catalán. Eso sí, "ser atendido" se entiende como obligación de entender, al menos, a cualquier persona consumidora que se exprese en las dos lenguas, sin que eso comporte la obligación de hablar en una lengua u otra. Si los derechos lingüísticos no son respetados, los consumidores pueden pedir las hojas oficiales de reclamación/denuncia.