Los grupos independentistas, JxSí y la CUP, temen que el ejecutivo del Estado intente activar este miércoles una suspensión de la Mesa del Parlament previa al debate de la ley del referéndum con el fin de impedir la aprobación del texto en el pleno de mañana, según ha podido saber El Nacional. Esta suspensión vendría justificada por un nuevo incidente de ejecución de la sentencia del TC que impedía cualquier acción relacionada con el proceso independentista.
La Mesa no ha admitido tampoco hoy a trámite la ley del Referéndum para evitar que el Tribunal Constitucional pueda actuar contra el proyecto. La previsión es que en el pleno de mañana, JxSí y la CUP apelen al artículo 81.3 del Reglamento para pedir un cambio en el orden del día para incluir el debate de esta ley. Será la Mesa quien tendrá que admitir a trámite la petición.
La presidenta, Carme Forcadell, ya tiene dos querellas de la fiscalía ante el TSJC por permitir la votación de las conclusiones de la comisión del proceso y por la votación de las resoluciones sobre el referéndum -la cual motivó también una querella contra el resto de miembros de la Mesa que votaron a favor del trámite.
En el momento en que la Mesa acepte incluir este punto en el orden del día, el Tribunal Constitucional podría actuar de oficio, en función de la reforma de la ley orgánica que regula su funcionamiento y que contempla la posibilidad de intervenir directamente para garantizar el cumplimiento efectivo de sus resoluciones. Eso podría comportar desde una advertencia a la presidenta hasta la suspensión de Forcadell y el resto de miembros de la Mesa afectados.
Derecho internacional
Desde JxSí, Marta Rovira ha advertido este martes que el Parlament actuará con todas las herramientas al alcance, incluido el derecho internacional, para garantizar que el pleno se celebre.
El TC ha mostrado públicamente las reticencias a aplicar el artículo 92, lo cual podría obligar a actuar al abogado del Estado para instar al Tribunal a actuar por incidente de ejecución de la sentencia.
En cualquier caso el alto tribunal está reunido en sesión ordinaria desde hoy hasta el jueves, por lo cual, cualquier actuación, ya sea por una vía u otra se podría activar de manera inmediata. Incluso, se podría comunicar por correo electrónico. Los grupos de la oposición ya han anunciado que utilizarán todos los resortes del Parlament para dilatar el debate, lo cual daría tiempo al Estado para intervenir.
Ante una suspensión, la Mesa podría quedar en manos del vicepresidente segundo, José María Saavedra, de Ciudadanos, a no ser que la presidenta y el resto de miembros de la Mesa afectados por la suspensión decidieran ignorar la orden. En este caso, se podría activar el régimen de sanciones, entre 3.000 hasta 30.000 euros.